La Corte Plena rechazó este lunes de forma definitiva la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo que llevaría a la firma de una convención colectiva con la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC), que aglutina a unos 3.000 funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El acuerdo se tomó con el voto negativo de cinco magistrados. Diez magistrados votaron favorablemente, para que sí se abriera el diálogo y seis de la Sala Constitucional se abstuvieron.
Para poder comenzar esa negociación se necesitaba el voto de once magistrados que es la mayoría. Al no obtener esa cantidad, el tema queda archivado.
La posibilidad de iniciar un diálogo con la ANIC para la firma de una convención colectiva la habían analizado los magistrados en la sesión del lunes anterior. En esa ocasión hubo seis magistrados que se opusieron a esa posibilidad.
La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón, pidió este lunes una revisión de la votación, la cual no fue admitida.
La gestión para negociar una convención colectiva con el Poder Judicial la presentó el sindicato desde mediados del 2018.
Al inicio el tema lo conoció el Consejo Superior, pero por la trascendencia del asunto, se pidió primero un estudio al presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez y segundo que el tema fuese trasladado a conocimiento de la Corte Plena que es el órgano competente.
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El sindicato había presentado al Consejo Superior el 6 de diciembre del 2018, un borrador de la convención que incluía 43 artículos.
Entre los puntos que pretendían negociar estaba el pago de sobresueldo por “bonificación por exclusividad policial”, el pago de incentivo salarial a los trabajadores que laboren en zonas de alto riesgo social en conflictividad o insalubridad, el pago de sobresueldo por peligrosidad a servidores administrativos y pago de sobresueldo por disponibilidad, entre otros aspectos.
Cierre colectivo
En la sesión de este lunes, los magistrados también acordaron que este año se debe dar el cierre colectivo de labores durante fin y principio de año.
Según la disposición, será ahora el Consejo Superior el que disponga las fechas en que debe regir y que son descontadas como vacaciones a los empleados.
La medida se adoptó luego de que Roxana Arrieta, jefa de Recursos Humanos, brindara un informe en el cual manifestó que de los 13.000 funcionarios judiciales, hay 1.127 servidores que no disponen de días para disfrutar como vacaciones.
El cierre colectivo significa que el Poder Judicial suspende todas las labores, con la excepción de aquellos que analizan asuntos que se consideran indispensables para los ciudadanos.
Entre ellos están los despachos que tramitan las materias Penal, Penal Juvenil, Violencia Doméstica, Pensiones Alimentarias, así como las oficinas del Ministerio Público, la Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Complejo Médico Forense, que siempre mantienen la atención por medio de roles y grupos de trabajo.