Carlos Arguedas C.. 11 julio
La sesión de Corte Plena la presidió Fernando Cruz, quien fue el único magistrado presente en el salón de sesiones. Los otros altos jueces lo hicieron por teleconferencia desde sus oficinas. Foto captura de transmisión por Internet.
La sesión de Corte Plena la presidió Fernando Cruz, quien fue el único magistrado presente en el salón de sesiones. Los otros altos jueces lo hicieron por teleconferencia desde sus oficinas. Foto captura de transmisión por Internet.

La Corte Plena acordó este sábado cerrar los despachos judiciales en aquellas zonas que fueron declaradas como alerta naranja debido a la pandemia por covid-19.

La medida la adoptaron los magistrados luego de una amplia discusión sobre cuál era la mejor manera de acatar la disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo sobre la pandemia. La directriz empezó a regir este sábado y tendrá vigencia hasta el domingo 19 de julio.

Sin embargo, en esos lugares se mantendrá la presencia de funcionarios en servicios esenciales mínimos, entre ellos, mantener la atención de los casos con personas privadas de libertad y asuntos con pronta prescripción.

También se trabajará de esta forma para los trámites en pensiones alimentarias, situaciones de violencia doméstica y la atención de audiencias judiciales que sean necesarias para la protección de la vida, salud, seguridad o libertad.

En los despachos ubicados en la zonas declaradas como amarillas se mantendrá el servicio como se ha venido prestando.

Discusión

En la sesión de Corte Plena de este sábado la discusión estuvo centrada en dos propuestas. Una era mantener el servicio de manera mixta, es decir unos pocos funcionarios que debían hacerlo de forma presencial y otros en teletrabajo. Esto ajustándose a las disposiciones del Ministerio de Salud y los lineamientos internos de la institución.

Los magistrados que impulsaron esta iniciativa dijeron que al ponerla en práctica solo afectaría a un pequeño grupo de funcionarios judiciales, quienes tendrían que ser enviados de manera forzada a vacaciones. Esta iniciativa con algunas modificaciones fue la que se aprobó.

En tanto, la otro sugerencia pretendía que entre el 13 al 18 de julio (de lunes a viernes) se dictara un cierre colectivo y que se reanudaran los servicios normales a partir del lunes 20 de julio. Esto significaría que debían suspenderse todas las actividades.

Es decir se cerrarían las oficinas y los trabajadores serían enviados a vacaciones, pero la entidad mantendría abiertos los servicios indispensables para los ciudadanos. Los despachos que tramitan las materias Penal, Penal Juvenil, Violencia Doméstica, Pensiones Alimentarias, así como las oficinas del Ministerio Público, la Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y Complejo Médico Forense, tendrían que mantener la atención por medio de roles y grupos de trabajo.

En el Poder Judicial laboran aproximadamente unas 13.000 personas ubicadas en oficinas distribuidas en todo el territorio nacional.

Hasta el viernes anterior se había reportado que 19 servidores de diversos despachos estaban contagiados de covid-19. Esa situación obligó a que las oficinas fueran cerradas una o dos jornadas, mientras se ejecutaba una limpieza profunda de los inmuebles.

Esa situación se ha presentado en el edificio de los Chiles, en la Fiscalía de Pavas, en el Organismo de Investigación Judicial de Nicoya y en el edificio anexo A de los Tribunales de Goicoechea, entre otros.