Carlos Arguedas C.. 26 octubre
El acuerdo lo adoptó la tarde de este lunes la Corte Plena, que estuvo presidida por Fernando Cruz. Foto cortesía del Poder Judicial
El acuerdo lo adoptó la tarde de este lunes la Corte Plena, que estuvo presidida por Fernando Cruz. Foto cortesía del Poder Judicial

La Corte Plena ordenó este lunes a los juzgados y tribunales de materia penal que se retorne a las audiencias presenciales, de forma paulatina, a partir del 1.° de noviembre.

La medida la adoptaron los magistrados durante la sesión de este lunes, para intentar frenar el crecimiento de los asuntos pendientes por resolver.

En la disposición se pidió a todos los despachos seguir aplicando todas las medidas sanitarias que establecen los protocolos para resguardar la salud de los participantes en dichas diligencias, debido a la pandemia por covid-19.

El acuerdo se adoptó luego de que tanto en la sesión del pasado 19 de octubre como en la de este lunes, se recibieran informes de la Dirección de Planificación en los cuales se dio cuenta de que, entre marzo y setiembre, los tribunales y juzgados penales suspendieron 1.749 audiencias.

Debido a la pandemia y como una forma de paliar los efectos en la realización de juicios o audiencias preliminares, se había adoptado la realización de dichas diligencias de manera virtual.

Sin embargo, Nacira Valverde Bermúdez, directora de Planificación, dijo que pese las medidas de mitigación se debieron suspender aproximadamente el 50% de las audiencias programadas.

Las razones por las cuales no se llevaron a cabo las diligencias fueron muy diversas. Entre ellas, se citó que el despacho judicial debió cerrarse por algún caso positivo de covid, porque alguna de las partes alegó temor a un posible contagio, o porque debido a la cantidad de personas que debían participar, resultó imposible conseguir un local que cumpliera con los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud.

Entre los despachos del área penal que mayor efectividad lograron en estos siete meses están los tribunales de flagrancias, que realizaron el 72% de las audiencias programadas, le siguen los juzgados penales con un 56%, luego los juzgados penales juveniles con un 46% y en cuarto lugar los tribunales penales con un 44%.

Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, quien se mostró preocupada por estos datos, mencionó que esperaba que esa suspensión de audiencias y juicios fuese por motivo de la pandemia y no otras razones. No obstante, dijo que este no es momento para buscar culpables sino soluciones.

Solano agregó que, en caso de Flagrancia, las audiencias a partir de este momento deben de ser solo presenciales y que los jueces de esa materia no podrán realizar labores de teletrabajo.

De acuerdo con los datos judiciales, los juzgados penales tiene en este momento 850 audiencias que deben reprogramar, los tribunales penales 899 y los de flagrancias 123.

Para lograr salir de estos asuntos pendientes se pretende aumentar la cantidad de señalamientos por juez y solicitar el apoyo a jueces supernumerarios.

Uno de los aspectos en los que se hizo énfasis es que, a partir de noviembre, los juicios contra personas que no están privadas de libertad se pueden realizar de manera presencial. Estos casos se estaban programando de manera virtual, pero en algunos casos los imputados alegaban no tener las condiciones tecnológicas para seguir los juicios.