Carlos Arguedas C.. 8 abril
Los magistrados se opusieron, este lunes, al proyecto que pretende que la Defensa Pública asuma la representación legal de empresas en casos de corrupción. Foto: Carlos Arguedas
Los magistrados se opusieron, este lunes, al proyecto que pretende que la Defensa Pública asuma la representación legal de empresas en casos de corrupción. Foto: Carlos Arguedas

La Corte Plena se opuso, por mayoría, a un proyecto de ley que pretende que la Defensa Pública asuma la representación legal de empresas en casos de corrupción.

Así lo expresaron nueve magistrados con el argumento de que, de aprobarse esa iniciativa, se incidirá en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Por otra parte, siete altos jueces se pronunciaron a favor del plan y otros seis, los integrantes de la Sala Constitucional, se abstuvieron de votar.

La manifestación de la Corte se produjo ante una consulta de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto denominado “Responsabilidad de la Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, sobornos transnacionales y otros delitos”, que se tramita en el expediente N°. 21.248.

Dicho texto forma parte de una serie de iniciativas para lograr la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La propuesta establece responsabilidades penales para la empresas jurídicas, tanto costarricenses como extranjeras, que cometan actos de corrupción.

Además, obliga al Poder Judicial a investigar esos casos por medio del Ministerio Público y a defender a las empresas sospechosas con personal de la Defensa Pública.

Inicialmente, representantes de la Fiscalía que se presentaron ante la comisión de la Asamblea Legislativa que estudia el proyecto, dijeron que en la actualidad cuentan con los recursos necesarios para realizar una investigación seria y eficaz en relación con estos casos.

Pero el magistrado Jesús Ramírez, de la Sala Tercera, a quien le correspondió analizar la propuesta, alegó que en este momento la Fiscalía cuenta con los recursos, pero que en un futuro podría enfrentar dificultades de personal y de inmobiliario para asumir las competencias que exige la propuesta legislativa.

La directora de la Defensa Pública, Diana Montero, había manifestado su oposición a la iniciativa ante la comisión, porque “sería desviar recursos públicos que están destinados a la atención de población vulnerable, para atender a personas económicas solventes”.

Por otra parte, sostuvo que los defensores públicos no están capacitados para atender los negocios de una sociedad con fines de lucro. “Lo anterior supone exponer al Estado costarricense a demandas millonarias”, dijo Montero.

Su criterio es que el agente residente debe ser quien asuma la responsabilidad de defender y responder por las acciones de la persona jurídica.

El magistrado Ramírez señaló que las observaciones hechas por la Defensa Pública resultan de interés, pues dejan ver la imposibilidad de contar con personal capacitado para hacer frente a las denuncias y la Corte tendría que invertir en ese adiestramiento de los funcionarios.

“Aunque resulta de amplio interés para el país contar con nuevas herramientas para regular lo atinente a la responsabilidad de las personas jurídicas, no se puede obviar que se recargan obligaciones al Poder Judicial no contempladas presupuestariamente, situación que se ve afectada en razón de las limitaciones de contenido económico que tenemos como Poder de la República, circunstancia que no puede soslayarse”, concluyó el alto juez.