La falta de previsión presupuestaria puso en riesgo la continuidad de las investigaciones de 417 intervenciones telefónicas.
Lo anterior porque la Corte Plena, desde hace meses, había dejado pendiente la aprobación del pago de seis días de salario a cuatro funcionarios judiciales. Ese dinero era para cubrir sus labores entre el 23 y el 31 de diciembre de este año.
Este lunes, para evitar la parálisis en las pesquisas, la Presidencia de la Corte presentó una moción en la sesión de la Corte Plena para aprobar el pago a dichos funcionarios.
Dicha moción fue aprobada por 18 de los 19 magistrados presentes.
Durante la discusión del tema, la magistrada Iris Rocío Rojas, de la Sala Segunda, manifestó su oposición a aprobar dicho pago, pues argumentó que eso debió estar presupuestado de antemano.
"A dos años y medio (de la creación del Centro de Intervenciones) ya es suficiente tiempo para que haya una proyección de cuántos técnicos se necesitan, tampoco es que el centro se va quedar sin operar porque tiene funcionarios que están doblando estas plazas (...). Aquí no encuentro ningún sustento.
“Yo no encuentro el motivo, quién valora la efectividad de estas plazas”, dijo Rojas.
Agregó que el centro es importante y que por el hecho de que no se apruebe el pago de estos cuatro funcionarios no va a desaparecer.
Fernando Cruz, presidente de la Corte, respondió a Rojas que desde tiempo antes la Corte había decidido asumir el pago de esas plazas en una materia tan delicada.
Asimismo, advirtió: “Si a usted le parece que el pago no está bien fundamentado yo lo someto a votación para que se le de una prórroga de seis días a unos funcionarios para que estén en funciones”.
En tanto, Julia Varela, de la Sala Segunda, recordó que cuando están aprobando el presupuesto, “la gente se rasga las vestiduras y se oponen a todo”.
Hizo ver que en muchas ocasiones, para que no se investigue, la táctica “es no darle presupuesto a órganos como el centro de intervenciones (...) y otros requerimientos de la Policía y del Ministerio Público”.
Por último, Róger Mata, jefe de despacho de la presidencia de la Corte, dijo que al dejar sin contenido presupuestario el centro “se verían seriamente afectadas las luchas que están llevando a cabo el Ministerio Público, la Policía de Control de Drogas y el Organismo de Investigación Judicial para combatir la criminalidad organizada, el narcotráfico o secuestros. El centro trabaja las 24 horas los 365 días”.
Al final del debate, Corte Plena, con el respaldo de 18 magistrados de los 19 presentes, aprobó el pago de los cuatro funcionarios. Por ser una votación secreta no se puede saber quien se opuso.
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Antecedente
En abril del 2015, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó la apertura del Centro Judicial de Interceptación de las Comunicaciones, que empezó funciones al año siguiente. Inicialmente arrancaron con 13 jueces que se dedican exclusivamente a escuchar a asuntos criminales en la mañana, tarde y noche (en tres turnos).
Dicha disposición se hizo porque así lo estableció la Ley Contra la Delincuencia Organizada, promulgada en el 2009.
Anteriormente, las intervenciones de comunicaciones las realizaban los jueces penales, quienes a la vez tienen que atender todas las otras funciones de su cargo. Recientemente, al centro se le amplió la capacidad de intervenciones, dijo en la sesión de Corte, Róger Mata.