Un contador de 44 años, de apellidos Gómez Aguilera, cayó en manos de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de administración fraudulenta.
Según el OIJ, se logró determinar que Gómez, quien laboraba como contador en una empresa de equipos médicos, habría aprovechado su labor para desviar fondos a sus propias cuentas personales por un monto superior a los ¢229 millones.
La detención se realizó tras allanar su casa en San Antonio de Desamparados, donde se logró el decomiso de computadoras, documentos y otras evidencias importantes para la investigación, las cuales serán analizadas para la elaboración del informe final.
En la investigación trascendió que desde hace varios años se realizaban transacciones en pequeñas cantidades, hasta que el año anterior salió a la luz el faltante y fue ahí cuando representantes de la empresa afectada interpusieron la denuncia ante la Policía Judicial.
El detenido fue pasado con un informe al Ministerio Público, donde quedó a la espera de medidas cautelares.
El monto de la pena a que se expone varía de acuerdo al alcance total de la defraudación. Por el elevado monto de este caso, Gómez Aguilera se expone a penas superiores a los 13 años de cárcel, pues así se estima cuando el monto de lo defraudado excede en diez veces el salario base (¢462.200).
La pena de diez años que para montos como este establece el artículo 216 del Código Penal, se elevarían en un tercio, pues así se estipula” cuando los hechos señalados los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa”.
El delito se aplica a quien teniendo a su cargo “el manejo, la administración o el cuido de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos exagerando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos abusiva o indebidamente”, dice el artículo 222 del Código Penal.