Condenado por el caso podría pedir revisión

“Lo he estado pensando pues se ha gastado un montón de plata presentando acciones judiciales para que, al final, terminen diciendo que no fueron afectados en nada”, afirmó.

Bolaños admitió que ha recibido ofertas de varios abogados que estarían dispuestos a representarlo en la acción que se debe presentar ante la Sala Tercera, de la Corte Suprema de Justicia.

El exdirectivo de la Caja dijo que otro elemento nuevo que también justificaría la petición de revisión fue que en mayo pasado un Tribunal de Juicio de Helsinki (capital de Finlandia) absolvió a tres ejecutivos finlandeses acusados en aquel país europeo de pagar sobornos en Costa Rica por el caso Caja-Fischel.

En la sentencia, los jueces consideraron que la prueba aportada era contradictoria y no demostraba los delitos acusados. Minna Knus Galán, una comunicadora que siguió el proceso allá, dijo que el proceso se vio afectado por la ausencia de testigos costarricenses, como Wálter Reiche, expresidente de la Corporación Fischel.

La Nación intentó conocer la opinión de otros condenados en el caso Caja-Fischel como el del expresidente Rafael Angel Calderón (sentenciado a tres años ), pero no respondió los mensajes. Tampoco su abogado Juan Marco Rivero.

José Miguel Villalobos, abogado del expresidente de la Caja, Eliseo Vargas, dijo que no había analizado la resolución de la CCSS.

Análisis jurídico. El abogado Edgardo García, quien representó en el juicio a Juan Carlos Sánchez Arguedas (sentenciado a tres años), consideró que el documento emitido por la entidad aseguradora podría tener repercusiones tanto en el aspecto civil (se estaría viendo a partir de enero del 2015) como en el tema penal.

Precisó que en lo penal a los imputados se les condenó por el delito de peculado que está compuesto, por el perjuicio causado a la Caja y el otro, es el pago de comisiones.

“El pago de comisiones no salió de ningún sobreprecio ni de la plata de la Caja, al no darse ese elemento desaparecería el peculado y podría dar nacimiento a una nueva calificación que es el cohecho impropio, que es pagarle a un funcionario por algo que tiene que hacer”, explicó.

García dijo que el cohecho tiene pena de seis meses a dos años y si ahora se quiere castigar con ese delito a los implicados estaría prescrito. “Podría existir una absolutoria por prescripción”, concluyó.