Carlos Arguedas C.. 5 agosto, 2018
El proceso judicial comenzó porque una abogado pidió al MOPT conocer cuáles fincas se habían expropiado para construir la vía San José-San Ramón. La foto, que es con fines ilustrativo, corresponde a un tramo en La Unión de San Ramón. Foto: Mayela López
El proceso judicial comenzó porque una abogado pidió al MOPT conocer cuáles fincas se habían expropiado para construir la vía San José-San Ramón. La foto, que es con fines ilustrativo, corresponde a un tramo en La Unión de San Ramón. Foto: Mayela López

Un cobro de ¢150.000 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por atrasarse en el suministro de información pública, generó un largo y costoso proceso judicial, que ya lleva cuatro años y siete meses después en tres diferentes despachos judiciales y aún no se resuelve.

El asunto surgió en diciembre del 2013, cuando la abogada Marielos Arias Chacón solicitó datos sobre las fincas expropiadas por el MOPT para la ampliación de carretera San José-San Ramón.

La entidad no respondió la petitoria en el plazo establecido por ley (diez días hábiles) y la interesada entonces presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para solicitarle a los magistrados que ordenaran al MOPT el suministrar de los datos.

La Sala IV acogió la gestión y ordenó al MOPT, en enero del 2014, que facilitara la información solicitada, al tiempo que condenó al Estado a pagar costas, daños y perjuicios ocasionados a la demandante.

Ese mismo año, en la ejecución de sentencia que Arias presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ella cobró ¢150.000, esa fue la suma que calculó invirtió en las costas del proceso, es decir, en los gastos del abogado.

Tres años después, el 23 de agosto del 2017, el juzgado contencioso confirmó que el Estado debía asumir el pago solicitado, más los intereses.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República se opuso desde un inicio a que el pago se hicieran en ejecución de sentencia y, en marzo de este año, impugnó la orden de pagar ante los magistrados de la Sala Primera de la Corte. Así lo confirmó la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas Chaves.

Este caso lleva cuatro años y siete meses en tribunales, primero en la Sala IV, luego en el juzgado contencioso y ahora en la Sala Primera de la Corte.

En el informe del Estado de la Justicia, emitido en el 2017, se detalla que el costo promedio de un proceso judicial en San José para el año 2015 era de poco más de ¢1.000.000. Este caso podría significar para el Poder Judicial un costo superior a los ¢4 millones.

Atraso del MOPT

Marielos Arias, una abogada de 68 años y vecina de Tibás, explicó que desde hace varios años se interesa por temas de bienestar comunal y asuntos de corrupción, por lo cual con mucha frecuencia solicita información pública a las entidades estatales.

Detalló que el 3 de diciembre del 2013 hizo una gestión ante el Ministerio de Transportes para que se le suministrara el dato de cuáles eran las fincas que habían sido expropiadas para la construcción del corredor vial San José- San Ramón.

Eso ocurrió poco después de que la entonces presidenta, Laura Chinchilla (2010-2014), cancelara el contrato de concesión con la firma brasileña OAS para la reparación y ampliación de dicha carretera, ante el malestar ciudadano por el alto costo que iban a tener los peajes.

“Desde hace años, por mi labor comunal, estoy interesada en temas que atañen a la ciudadanía y he visto que en muchas ocasiones se expropian terrenos, se pagan, y con el paso de los años, como el proyecto no se hizo, se vuelven a expropiar. Eso era lo que quería saber con esa solicitud”, explicó Marielos Arias.

Transcurridos los diez días hábiles y sin una respuesta del MOPT, Arias presentó el amparo. Un mes después, la Sala IV le dio la razón y ordenó al MOPT, que además de buscar la información y tenerla lista, debía comunicarla a la persona interesada.

En el fallo, como generalmente ocurre, los magistrados condenaron al Estado al pago de las costas y el daño y perjuicio por el atraso en suministrar lo solicitado por Arias.

La abogada tibaseña obvió reclamar daños y demandó el reconocimiento de ¢150.000 por las costos o gastos de abogado. “Yo lo cobró para que tomen conciencia que son datos públicos para ver si algún día aprenden a que tienen que dar la información. La Sala debería condenar al funcionario para que lo tenga que pagar de su propio bolsillo, así tal vez los ciudadanos tengamos una pronta respuesta”, argumentó la demandante.

La mujer dijo que había planteado a la Procuraduría llegar a una arreglo para finalizar el proceso, pero no aceptaron la propuesta.

La jueza contenciosa Ana Katarina Apú Hidalgo en la sentencia N.° 1555-2017, en la cual se condenó al Estado a reconocer el pago de los ¢150.000, dijo: “es la suma mínima a conceder por concepto de honorarios de abogado de un recurso de amparo”.

La abogada Marielos Arias dijo que cobró los ¢150.000 porque ese el costo mínimo para el pago de un abogado. Foto: John Durán
La abogada Marielos Arias dijo que cobró los ¢150.000 porque ese el costo mínimo para el pago de un abogado. Foto: John Durán
Oposición

La procuradora adjunta Magda Inés Rojas dijo que la oposición a pagar los ¢150.000 es porque esa fijación se hace en ejecución de sentencia, que es una instancia en la cual no procede ejecutar el cobro y por esa razón se llevó el caso a casación.

“Las costas del recurso de amparo no se están cuestionando en el proceso, lo que se está cuestionando es el objeto de la resolución del juzgado (condena al MOPT al pago de costas en ejecución de sentencia), que se ajuste a lo dispuesto por la Sala Primera en otras ocasiones”, argumentó.

La procuradora admitió que la suma reclamada es baja y quizás el proceso judicial sea mas costoso, que el pago de los ¢150.000. Al respecto agregó: “En estos casos la Procuraduría representa al Estado. Nosotros no podemos ordenarle a la administración un pago si ese pago no ha sido determinado a su vez en una sentencia firme".

Rojas también dijo que en este tipo de asuntos tampoco pueden participar en una conciliación en vía administrativa, como lo sugirió Marielos Arias.

“En ausencia de sentencia que le ordene a determinada institución pagar, la Procuraduría no puede ordenar pagar, no tiene competencia y por ende no podemos llegar a conciliaciones en vía administrativa”, afirmó la procuradora adjunta.

Cientos de reclamos

El reclamo de Marielos Arias para que le paguen ¢150.000 por ganar un recurso de amparo, no es el único que hacen los ciudadanos por omisiones cometidas por las entidades estatales al resolver procesos administrativos.

El Estado recibe cientos de demandas, en los cuales los ciudadanos reclaman el pago de los daños y perjuicios, luego de ganar un recurso de amparo, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante el 2016, se resolvieron 459 ejecuciones de sentencias por recursos de amparo. Los reclamos ascendieron a la suma de ¢8.983 millones, pero la gran mayoría se fallaron a favor del Estado.

“Lo anterior muestra, que gracias a la participación de la Procuraduría se logró una contención del gasto público de ¢8.493 millones, lo que representó un ahorro del 95% en relación con el monto demandado”, argumentó Rojas.

En tanto en el 2017, se resolvieron 399 procesos de ejecución de sentencia por amparos, de los cuales el Estado ganó el 48% de los asuntos.

Los montos demandados ascendieron a la suma ¢168.863 millones pero una vez terminados los asuntos, el monto por el cual fue condenado el Estado fue de solo ¢110 millones, comunicó la Procuraduría.