Un vecino de Ciudad Colón, San José, de apellido Rodríguez, deberá pagar ¢60.000 que le impusieron de multa por ofender en un escrito judicial a un magistrado de la Sala Constitucional.
La sanción la impuso el pasado 21 de enero el Consejo Superior del Poder Judicial, al conocer una queja del magistrado Paul Rueda Leal, quien pidió aplicar el régimen disciplinario a un usuario de los servicios del Poder Judicial.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en los artículos 218, 219, 221 y 222, las partes y sus abogados serán corregidos “disciplinariamente, con cinco a veinte días multa cuando en los asuntos en que intervengan o con motivo de ellos, dentro o fuera de juicio, de palabra o por escrito, por correspondencia privada o por cualquier medio de comunicación colectiva, injurien o difamen a los tribunales o a los funcionarios judiciales, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes”, entre otras sanciones.
En el reclamo, el magistrado Rueda señaló que el 5 de agosto del 2020, durante el trámite de un recurso de amparo que llegó a su despacho y del cual él se inhibió de conocer, el recurrente envió un escrito “en el que se profieren una serie de insultos en mi contra, que estimo justifican la aplicación de lo dispuesto en la ley (...). Entre los insultos proferidos (...) se tiene: ‘maldito corrupto’, ‘maldita rata magisterial con toga’, ‘cochino gay’, ‘mariquita’, entre otras expresiones consideradas faltas de respeto”.
Tras recibir la queja, el Consejo Superior el 28 de agosto pasado, en apego al debido proceso, concedió audiencia a Rodríguez, pero no compareció.
Luego, el 3 de noviembre, notificó a las partes para que dieran las conclusiones finales y en esa ocasión Rodríguez respondió mediante correo electrónico enviado el 24 de noviembre: “Yo no he señalado este correo para ser notificado y no me da la puta regalada gana contestarles”.
Entre tanto, el magistrado Rueda comunicó que era la tercera ocasión que presentaba una queja contra Rodríguez por acciones similares. La primera fue el 16 de mayo del 2017 y la segunda el 4 de mayo del 2018. En ambas el consejo había sancionado a Rodríguez con multas de ¢15.000 y ¢107.750, respectivamente.
Al declarar con lugar la queja, se impuso a Rodríguez la sanción de “veinte días multa, a razón de ¢3.000 por día, considerando el decreto de fijación de salarios mínimos para el sector privado que rige a partir del 1.° de enero del 2021 (...) en el que se establece que el salario por día de un trabajador no calificado corresponde a la suma de ¢10.652,48″.
El dinero correspondiente a la multa deberá ser depositado en el Colegio de Abogados, establece la legislación.
Lío con municipalidad
Las ofensas que Rodríguez hizo contra el magistrado Paul Rueda están insertas en el expediente 20-013799 -0007-CO, que es un recurso de amparo que el vecino de Ciudad Colón presentó el 4 de agosto del 2020, contra varios despachos judiciales por no resolver positivamente sus demandas.
El recurso la presentó Rodríguez, pues según explicó, desde el 12 de febrero del 2015 la municipalidad de Mora, supuestamente, lo desalojó como administrador de los baños en el mercado municipal de ese cantón josefino y desde aquel momento viene presentado reclamos que no son fallados a su favor, por lo cual, dijo, se le están violentando sus derechos.
En la acción judicial manifestó que desde 1.° de setiembre del 2014 fue contratado como administrador de los baños mediante un contrato laboral indefinido y que su salario era superior a ¢1 millón, y que por ese motivo está reclamando el pago de los salarios desde el momento del desalojo, que estimó en ¢85 millones sin incluir aguinaldos y vacaciones.
En el recurso pretendía que la Sala IV fallara a su favor y que se ordenara el pago del dinero.
Tras ingresar, este asunto fue asignado por el sistema automático el 4 de agosto, para que lo conociera el magistrado Paul Rueda.
Sin embargo, un día después, cuando Rodríguez se enteró que el tema estaba en manos de Rueda, mandó un escrito que entre otras cosas dice: “En este proceso usted aparece como magistrado instructor. Desconozco ¿Cuál es su interés maldito corrupto, de que cada vez, que presento este proceso ante la Sala Constitucional, usted se empeña en ser el magistrado instructor.
“Ya me tiene ‘los huevos hinchados’ con su majadería y siempre que pido que se recuse, sale ‘llorando como mariquita’ a darle las quejas al Presidente de la Sala Constitucional, para no recusarse o si no sale gimiendo a acusarme ante el Consejo Superior del Poder Judicial, por su culpa maldito corrupto, tengo cinco años sin salario”.
Rueda se separó del conocimiento del caso, que fue analizado por el magistrado suplente Mauricio Chacón. La Sala Constitucional rechazó el recurso de Rodríguez pues se argumentó que la sala no puede intervenir en resoluciones dictadas por otros despachos judiciales, ya que “esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo”.
Según el sistema digital de la Sala Constitucional desde el 2000 a la fecha Rodríguez ha presentado 231 asuntos a ese despacho judicial.