Cinco personas fueron detenidas la mañana de este martes como sospechosas del delito peculado en relación con el proyecto de Recope de construir una refinería en conjunto con China.
Con ese fin fue creada la empresa Soresco, con participación igualitaria de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC).
La diligencia fue ordenada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Según el comunicado, los aprehendidos son de apellidos Trejos Gómez, Naranjo Sánchez, Edward Early, Ulate Padget (quien fue gerente del proyecto de modernización de la refinería) y Xu, este último de nacionalidad china.
Los imputados, explicó la Fiscalía, son empleados de la empresa Soresco y fueron detenidos en las afueras de sus casas, ubicadas, respectivamente en Escazú, Barva de Heredia, Curridabat y Montes de Oca.
Entre tanto, Xu fue capturado en el sector de Lindora, Santa Ana, frente a un colegio.
Todos los sospechosos fueron trasladados a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Durante la tarde fuerion indagados. Este miércoles se solicitarán medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda, informó el Ministerio Público.
Otros cuatro implicados, cuyas identidades no fueron suministradas, fueron buscados en sus casas pero no se le pudo localizar. Se trata de dos personas de nacionalidad costarricense y dos china.
“Estamos investigando la falta de control de hubo que permitió la sustracción de fondos. Las nueve personas tenían diferentes cargos dentro de Soresco. Tenían diferentes funciones pero todo se hizo de común acuerdo entre ellas”, dijo en una conferencia de prensa la Fiscala general, Emilia Navas Aparicio.
“La investigación de este caso fue reactivada a finales del año anterior, con la llegada de la fiscala general Emilia Navas Aparicio, quien ordenó la revisión de decenas de expedientes, algunos desestimados y otros, como el caso de “Recope-Soresco”, que se encontraba abierto pero sin resultados”, dio a conocer el comunicado del ente acusador del Estado.
Según el artículo 361 del Código Penal comete peculado “efuncionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”. Se castiga con prisión de hasta 12 años.
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La historia
La empresa Soresco fue creada en 2009 con la idea de que construyera y operara una refinería en Moín. El plan quedó frenado en junio de 2013, cuando la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que el estudio de factibilidad había sido elaborara por una firma vinculada a la socia china.
Posteriormente, se sugirió la posibilidad de buscar un plan B, situación descartada desde el gobierno anterior.
Mientras tanto, los empleados de Soresco seguían devengando salarios que se tomaban del capital común aportado en un 50% por Recope.
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Desde el 2012, el Ministerio Público abrió una investigación por aparentes irregularidades en cuanto al contrato de Soresco. Como parte de las diligencias, en junio de 2013 hubo un allanamiento a las oficinas de la Refinadora, de Soresco y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en busca de prueba documental.
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En aquel momento, se informo de que se investigaba un eventual daño a la Hacienda Pública por el presunto pago del estudio de factibilidad, que habría costado $1,5 millones. Además, se indaga sobre el otorgamiento de beneficios y bonos salariales a 26 ejecutivos orientales, así como gastos de viajes, reuniones, almuerzos de trabajo y alquiler de casas a empleados chinos en un residencial en Santa Ana.
De la misma forma, se investiga el pago de salario y beneficios laborales de siete funcionarios ticos designados para trabajar en la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco).
Según el Ministerio Público, con el estudio de factibilidad se pudieron haber violentado las condiciones establecidas en el acuerdo para crear Soresco.
Arbitraje
Aunque el gobierno de Luis Guillermo Solís tomó la decisión de disolver la sociedad, los socios chinos no estuvieron de acuerdo. Mientras, ocho funcionarios continuaban devengando sueldos.
Por esta razón, Recope acudió a los tribunales contenciosos en un intento de que ordenara congelar los fondos que quedaban de Soresco. Inicialmente, la petición fue rechazada.
La disolución se resolverá en un arbitraje que inició desde agosto de 2017 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional domiciliada en Londres.