Judiciales

Cierre de fronteras influye en baja del 95,6% de dinero para atención de víctimas de trata de personas

Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó ‘reducir los obstáculos al desembolso de los fondos contra la trata’ y ‘aumentar la financiación para los servicios a las víctimas’

El cierre de fronteras por la pandemia de covid–19 generó una disminución en el dinero invertido en la atención para víctimas de trata de personas. En un año, el monto para ese fin tuvo una baja del 95,6%.

Así lo refleja el Informe de trata de personas 2021– Costa Rica, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según el documento, el Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt), adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), desembolsó en 2019 un total de ¢172 millones para cubrir las necesidades de las personas perjudicadas por este delito.

Mientras, en el 2020 fueron apenas ¢7,41 millones, lo cual refleja una notable diferencia en un periodo de 12 meses.

Si se compara con 2018 la baja es aún más significativa, ya que en ese año el monto económico para cubrir los servicios brindados a las víctimas del delito de trata de personas fue de ¢429,6 millones.

El informe revela que, al tiempo que disminuyen los fondos disponibles, aumentó la cifra de víctimas de trata, que subió de 20 en el 2018 a 50 entre junio del 2020 y junio del 2021.

El análisis precisa que el gobierno de Costa Rica atribuyó la situación financiera a “fuertes limitaciones presupuestarias durante la pandemia y a las medidas de austeridad financiera” en Costa Rica.

“Los observadores informaron de que la falta de desembolso de todos los recursos asignados obstaculizó la capacidad del país para abordar su problema de trata, a pesar de los recursos gubernamentales dedicados a los esfuerzos contra la trata, incluidos los servicios para las víctimas”, precisa el informe.

Ante ese escenario, las autoridades estadounidenses recomendaron “reducir los obstáculos burocráticos al desembolso de los fondos asignados a los esfuerzos contra la trata” y “aumentar la financiación para los servicios a las víctimas”.

El Fonatt, mediante la oficina de prensa de Migración, detalló que la ley estipula que su financiamiento surge del cobro de $1 en el impuesto de salida de Costa Rica.

“Durante el periodo 2020 las vías de ingreso aéreas se mantuvieron cerradas desde el 17 de marzo y, aproximadamente, hasta el mes de noviembre. Esta situación evidentemente afectó la recaudación de este impuesto, provocando el desfinanciamiento del Fonatt, al ser el impuesto de salida del país su única fuente de financiamiento”, detalló el Fondo.

Sin posibilidad de maniobra

Asimismo, explicaron que las disposiciones emitidas por la Tesorería Nacional estipulan “que las transferencias a las entidades beneficiarias de recursos se girarán conforme a la recaudación, a la disponibilidad de liquidez, al uso de superávit libre en sustitución de transferencias y a la priorización establecida en la normativa vigente.

“Para las transferencias con destino específico asociados a un impuesto, se girará una vez que los ingresos hayan sido efectivos y registrados por la Contabilidad Nacional y no se podrá girar un monto superior a lo recaudado, ni a lo presupuestado”, explicó la entidad.

Agregó que a pesar de la reactivación de vuelos entre el 1.° de enero y el 8 de julio de este 2021, se ha recaudado menos dinero en comparación con 2019, por ejemplo.

Como parte de los esfuerzos para dar en este una mejor atención en el tema de trata de personas, se realizó la gestión correspondiente para que el Fonatt cuente con un desembolso de ¢450 millones, con lo que se pretende atender las diversas necesidades de las víctimas.

Cierre de refugio

En el periodo de estudio también se consigna el cierre, en diciembre del año pasado, de un albergue de emergencia dedicado a víctimas de trata que se encontraba dentro de las instalaciones de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), en San José.

“La agencia (Conatt) se mudó dentro de la ciudad debido a restricciones presupuestarias y no tenía un refugio en su nuevo sitio. Como resultado, no había en el país instalaciones de refugio específicas para la trata”, precisa el informe.

Pese a esto, la Coalición “favoreció la vivienda a las víctimas en una red de casas de seguridad del gobierno, pero también colocó a las víctimas en una casa de seguridad operada por la sociedad civil o en un refugio a más largo plazo para mujeres y niños”.

El documento también precisa que, específicamente, el acompañamiento a menores de edad víctimas de este delito fue dado mediante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el cual cuenta con una red de refugios para niños y podía colocar a las niñas víctimas en las instalaciones de una ONG que pudiera proporcionar refugio a largo plazo.

A pesar de las medidas implementadas, el informe destaca que “no todas las víctimas recibieron el mismo nivel de protección. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que las autoridades no siempre implementaron mecanismos de remisión de manera efectiva u oportuna y recomendaron al gobierno proporcionar transporte para las víctimas a las instituciones que brindan asistencia”.

Los esfuerzos preventivos también sufrieron una reducción debido a las limitaciones de financiamiento y “los obstáculos burocráticos”.

Sobre esto, Migración explicó que en las anteriores oficinas de Gestión de Trata y Tráfico, que es un apoyo técnico de la Conatt y del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), se tenían dos dormitorios equipados para el alojamiento de emergencia de posibles víctimas, los cuales ya no están habilitados en las nuevas instalaciones.

No obstante, destacaron que de momento trabajan en coordinación con otras instituciones para brindar un abordaje integral a las personas afectadas, al tiempo que esperan una mejora en la recaudación para adquirir un lugar adecuado en el que se puedan hospedar tanto a las víctimas de trata de personas como a las de tráfico ilícito de migrantes.

“La Dirección General de Migración y Extranjería, actualmente, está haciendo esfuerzos para poder apoyar a las personas víctimas– sobrevivientes desde su propio presupuesto, durante los meses que tarde el proceso de habilitación y funcionamiento del fideicomiso.

“A la fecha, se han unificado esfuerzos entre las instancias para brindar un abordaje de la mejor forma. Por medio de la Comisión permanente de Atención de Conatt, se levantaron listas de instancias, ONG u organismos internacionales que están incluidos en el trabajo de la Coalición, que son parte del trabajo interinstitucional y trabajan para combatir, prevenir y atender a víctimas contra la trata de personas”, explicaron.

Niñas y mujeres: Las principales víctimas

Pese a la pandemia, la cantidad de víctimas de trata de personas registró un aumento. Entre julio del 2020 y junio del 2021, se identificaron en Costa Rica 50 víctimas, 15 más que en el 2019, cuando hubo 35; y 30 más que en 2018, cuando la cifra llegó apenas a 20.

Ese medio centenar de víctimas registradas en los últimos 12 meses fueron en su mayoría niñas, con 24, seguidas de mujeres (20) y niños (seis). Una de ellas era una persona transgénero, precisa el estudio.

En cuanto a nacionalidad, 32 de las ofendidas eran costarricenses, 17 nicaragüenses y una panameña.

“Los tratantes explotaron a 23 de estas víctimas en la trata sexual y a 13 en la trata laboral, incluida la mendicidad forzada. Además, el gobierno no identificó la forma de trata experimentada por 14 víctimas”, precisa el análisis.

El documento destaca que de los 30 menores de edad que pasaron una situación de trata de personas, un 46,6% fueron explotados junto a alguno de sus padres o tutores.

Asimismo, en el apartado del perfil de la trata de personas, se destaca que son, particularmente vulnerables, quienes viven en las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur, donde “las autoridades sospechan que los adultos utilizan a los niños para transportar o vender drogas y, algunos de estos niños, pueden ser víctimas de trata”.

“A través del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), un organismo interinstitucional especializado dentro de Conatt, el gobierno brindó servicios iniciales a las 50 víctimas denunciadas (...).

“El gobierno podría brindar a las víctimas acceso a proveedores de atención médica, servicios psicológicos, asesoría legal, ayuda financiera, enlace con las fuerzas del orden público y otros servicios, incluido el tratamiento de desintoxicación, hasta por tres años”, destaca el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Medidas judiciales

En el ámbito judicial, durante los 12 meses que hay entre julio del 2020 y junio del 2021, la Fiscalía investigó 103 casos relacionados con la trata de personas, 34 más que en 2019, cuando se registraron 69.

Del centenar de casos, 68 fueron específicamente de trata de personas, 28 de trata sexual infantil y siete de trabajo o servicios forzados.

Además, se condenó en un año a cinco personas, 10 menos que en 2019, cuando las condenas alcanzaron fueron 15.

Del archivo:

Eillyn Jiménez B.

Eillyn Jiménez B.

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de Las Américas. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación de Mercadeo. Escribe sobre sucesos.