Carlos Arguedas C.. 24 abril
Juan Carlos Bolaños fue detenido en noviembre del 2017 y en la actualidad se encuentra en arresto domiciliario. Fotografía José Cordero
Juan Carlos Bolaños fue detenido en noviembre del 2017 y en la actualidad se encuentra en arresto domiciliario. Fotografía José Cordero

Por unanimidad, la Corte Plena descartó que la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, haya cometido algún supuesto engaño en la tramitación de la causa penal por el delito de peculado, que se sigue a Juan Carlos Bolaños Rojas en el llamado caso del cemento chino.

La decisión consta en el acta del alto tribunal del pasado 16 de marzo, día cuando los magistrados analizaron una serie de quejas que el empresario del cemento chino había presentado a la Corte Suprema de Justicia, desde el 3 de junio del 2019 en contra de Navas.

“Considera esta Corte que los alegatos en los cuales se sustenta la queja no son de recibo. Se trata de meras manifestaciones que no se hacen acompañar de las probanzas necesarias para acreditar tales dichos. Refieren aspectos que contradicen la realidad de los hechos y las conductas efectivas del Ministerio Público, sin que pueda establecerse la falta de valoración de la prueba, el retardo de justicia, el quebranto al principio de lealtad procesal o intimidaciones a testigos e imputados”, detalla el por tanto de la resolución.

En total los 18 magistrados presentes en la sesión votaron por rechazar la denuncia de Bolaños Rojas.

Inconformidades

Juan Carlos Bolaños, en la denuncia que presentó el 3 de junio del 2019, arguyó que luego de 31 meses de estar siendo sometido a un proceso penal (inició en noviembre del 2017), la investigación en su contra “no ha sido objetiva, ni diligente”.

Citó cuatro motivos esenciales: falta de valoración de prueba aportada y atraso en el trámite; falta de gestión de escritos presentados; violación al principio de lealtad procesal en las audiencias orales y de la aplicación objetiva de justicia por supuesto engaño por parte del Ministerio Público a la Administración de Justicia.

Entre algunas cosas expuso: “La denuncia interpuesta por la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) fue confeccionada con información falsa, parcial y con un expediente de crédito mutilado (...) Si se violó o no el secreto bancario en el Banco de Costa Rica (en lo que sigue BCR), no se ha concluido ni resuelto”.

Según Bolaños, la fiscala Emilia Navas “armó un caso, una teoría fiscal y un indicio comprobado de delito, en solo 14 días hábiles”, pues afirmó que ella “tomó el cargo el 13 de octubre de 2017, y su detención tuvo lugar el 3 de noviembre de 2017”.

Todas las quejas fueron puestas en conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial, que el pasado 11 de febrero descartó imponer cualquier tipo de sanción a Emilia Navas y así se lo hicieron saber a los magistrados.

Análisis en Corte

A la magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez, le correspondió conocer lo resuelto por la Inspección Judicial y de presentar el informe final a los compañeros de Corte Plena.

En las argumentaciones, que presentó en el sesión del 16 de marzo anterior, dijo que no encontró retardo en la aplicación de la justicia, pues “el Ministerio Público se ha pronunciado oportunamente, según se desprende de las probanzas (que constan en los documentos judiciales)”.

A la magistrada Damaris Vargas le correspondió dar a conocer el informe a los compañeros de Corte Plena. Foto archivo de Aarón Sequeira.
A la magistrada Damaris Vargas le correspondió dar a conocer el informe a los compañeros de Corte Plena. Foto archivo de Aarón Sequeira.

Asimismo, determinó: “En cuanto a la falta de objetividad en la investigación en el proceso penal, la cual se habría generado en compromisos mediáticos y políticos y, que las actuaciones de la Fiscalía han impedido a las compañías de Bolaños seguir operando por lo que sus clientes y socios no habrían continuado con las operaciones comerciales del Grupo JCB, considera esta Corte, que los hechos alegados en la queja no fueron probados”.

Sobre las presuntas “mentiras de las personas fiscalas a las juzgadoras para obtener la privación de libertad (de Bolaños), aportando datos y documentos falsos, a través de investigaciones parcializadas, no son de recibo en el tanto no se acompañan de probanza alguna”, determinó la magistrada Vargas.

En cuanto a “la supuesta intimidación a testigos o imputados, esta Corte coincide con el Tribunal de la Inspección Judicial en cuanto a que no tuvieron lugar, pues esas probanzas fueron recibidas en presencia de la defensa, sin que ésta en ningún momento aludió a las violaciones que cita (Bolaños)”.

Causas pendientes

Juan Carlos Bolaños Rojas, se encuentra en la actualidad en arresto domiciliario, con vigilancia electrónica.

En su contra se tramitan tres causas penales, una de las cuales ya fue acusada y la otras están pendientes de ser concluidas.

En febrero pasado el Ministerio Público lo acusó por tres delitos de influencia contra la hacienda pública por un préstamo que recibió del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, esto en el expediente 17-000013-033-PE.

Por estos mismos hechos, también están señaladas ocho personas más a las que se les atribuyen, según sea el caso, los delitos de influencia contra la hacienda pública y falsedad ideológica. Entre los implicados figura una mujer de apellidos Suárez Aguiar, esposa de Bolaños.

Los otros imputados son de apellidos Cortés Zúñiga, Rojas Segura, Thompson Camacho, Gómez Barrantes, Delgado Negrini, Bogantes Brenes y Arias Silesky.

En cuanto al legajo principal (16-000013-0033-PE), en el que involucra a ocho personas, entre ella a Juan Carlos Bolaños, presidente de la empresa Sinocem Costa Rica y Mario Barrenechea Coto, exgerente del BCR. Presuntamente, ese proceso estaría concluido a mitad de este año.

Bolaños también figura como imputado en el expediente 15-000022-0033-PE junto a los exdiputados Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, de Acción Ciudadana, en una causa por el delito de tráfico de influencias.