Caso Cochinilla: Secuestro de correos electrónicos en empresa de hermana de Mélida Solís es ilegal

La medida se adoptó porque el día del allanamiento, el juez, el fiscal y los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) olvidaron preguntarle a la persona que se encargó de abrir la computadora para bajar de la nube los correos y una carpeta digital de licitaciones, sí tenía algún tipo de parentesco con alguna de las personas imputadas en ese proceso penal.

En este caso se determinó que el personero de Also Frutales que facilitó la tarea es de apellidos Morales Solís. “Respecto a la participación del señor Morales Solís, en definitiva, este juzgador considera que sí existe una violación al debido proceso, en virtud de que no se aplicó el protocolo adecuado para la participación de esta persona y es un hecho incontrovertible que esta persona tiene un grado de parentesco no con una sino con varias de las personas imputadas que forman parte del presente expediente”, señaló el juez Monge.

En el razonamiento, el juez hizo ver que en este caso los funcionarios judiciales debieron advertirle a Morales el derecho que tenía de abstenerse de abrir la computadora y no lo hicieron. Al respecto, el fiscal Ryan Castro dijo que durante la diligencia judicial, tanto Morales como otras personas que estaban en la empresa colaboraron de manera espontánea y lo hicieron por el principio de buena fe. Empero, el juez Jean Carlo Monge no aceptó esa justificación.

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En este caso, el Ministerio Público no apeló la resolución del juez, por tanto la decisión quedó firme y la prueba debe ser eliminada. Los correos electrónicos tienen que ver con mensajes que atañen a la empresa Also Frutales como persona jurídica, así como a sus dueños Alejandro Acosta Mora y Sonia Solís Vargas (hermana de Mélida Solís, de H Solís) y el gerente operativo de la firma, Juan Carlos Abarca.

El caso Cochinilla trascendió el lunes 15 de junio del 2021, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 40 también fueron investigadas sin haber sido detenidas. Se trata de empresarios de constructoras como MECO y H Solís, así como empleados y exempleados del Conavi y de otras dependencias del Estado.

A los implicados se les atribuye la presunta malversación de fondos del Consejo Nacional de Vialidad, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública y se tramita en la causa 19-000025-1218-PE. En la documentación judicial se detallan los supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales”, para premiar a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.

En el caso de Also Frutales, se relata que en abril del 2020, Alejandro Acosta Mora, dueño de esa constructora, en supuesto contubernio con el presidente de la firma LGC Ingeniería de Pavimentos, Luis Chavarría Bravo, indujeron a error a la empresa supervisora Vieto para que a la primera se le aprobara la colocación de material en la ruta 145, entre Tilarán y Las Juntas de Abangares.

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“Por Io tanto, mediante la simulación de hechos falsos, la empresa LGC emitió un informe favorable sobre el material, basado en información falsa, porque el material analizado no correspondía al utilizado por la empresa”, específica el expediente. Asimismo, en mayo del 2020, de nuevo los representantes de Also Frutales y LGC, supuestamente pagaron dádivas a los técnicos del laboratorio Vieto para que manipularan informes y alteraran ensayos a fin de encubrir errores constructivos e irregularidades en la ejecución de proyectos a cargo de la constructora.