La autopsia practicada a tres oficiales de la Fuerza Pública, muertos por heridas de bala el 26 de mayo del 2019 en el Concho de Pocosol de San Carlos, Alajuela, confirmó que lo ocurrido esa madrugada fue un doble homicidio y un suicidio.
El hecho consta en la sentencia de sobreseimiento definitivo, que sobre este caso dictó el pasado 4 de junio el Juzgado Penal de San Carlos, a cargo de la jueza Ivannia Ramírez Hidalgo. Con esta resolución se cierra toda investigación penal y se archiva el expediente.
“Una vez analizados los pormenores y tomando en consideración las diligencias de investigación que se llevaron a cabo y los resultados de las autopsias que fueron practicadas a los tres occisos, permiten determinar la dinámica (...) no solamente de los hechos como tal, sino incluso de la trayectoria del vehículo de previo al derrape de la patrulla en que viajaban los occisos y la manera en que estos salen del vehículo y son impactados por los disparos realizados con el arma de fuego de Santiago Méndez Tenorio.
“Así las cosas, se acoge la solicitud planteada por el ente ministerial (Ministerio Público) y se dispone el sobreseimiento definitivo, voto 162-2020, a favor de Santiago Méndez Tenorio por el delito de homicidio simple en perjuicio de Jonathan Zúñiga Arguedas y Viarney Vásquez Molina”, señala la resolución.
En la sentencia no se dicen las razones por las cuales Méndez tomó esa decisión.
El abogado Rafael Rodríguez Salazar, representante legal de las familias de Zúñiga y de Vásquez, anunció que luego de conocer esta decisión judicial va a demandar al Estado en la vía contencioso administrativa, por los daños causados.
“Aquí se tiene establecido de que había información clara de que la persona que comete el hecho tenía un problema de carácter psicológico. Había un antecedente para efectos de prohibición del uso de un arma de fuego (...) y ese mal proceder de esas otras personas es lo que causa ese daño a estas familias y eso lo que se va a tratar de reclamar”, añadió el abogado.
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Aunque La Nación intentó conocer una versión del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, sobre la resolución final, por medio de la oficina de prensa se limitó de decir: “en el Ministerio de Seguridad Pública somos respetuosos de las decisiones judiciales y, por ende, garantes de nuestro Estado de Derecho”.
Sin embargo, en una conferencia de prensa dada el 27 de mayo del 2019, Soto manifestó: “No voy a referirme a nombres en concreto (...), pero podría decirles que uno de ellos estuvo en una situación de atención psicológica en el Ministerio por un problema personal.
“En ese momento se le retiró el arma de manera preventiva por un espacio de poco más de un mes y, posteriormente, se le hizo una valoración de un profesional en Psicología, con una serie de tests para valorar situaciones de riesgo; ahí es donde se da la recomendación de parte de ese profesional de la devolución del arma”, manifestó Soto en aquel momento.
Breve recuento
El hecho en el cual perdieron la vida los tres oficiales se suscitó el domingo 26 de mayo del 2019 a la 1:22 a. m., cuando se dirigían al puesto de la Fuerza Pública en Crucitas.
Los policías habían salido de ese lugar el sábado a una hora no determinada para ir a dejar a la Fiscalía de San Carlos a unos detenidos por extraer oro de manera ilegal en esa comunidad. De la Fiscalía salieron a las 6:30 p. m., pero reportaron a su base que la diligencia la cumplieron a las 9 p. m.
En la investigación se determinó que estuvieron en un bar en El Concho de Pocosol, del cual salieron poco después de la medianoche; es decir, en los primeros minutos del domingo, en un momento en que en la zona caía un fuerte aguacero.
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Se presume que Méndez Tenorio era el conductor, que Zúñiga Arguedas viajaba como acompañante y Vásquez Molina, iba en el asiento trasero.
Fue a la 1:22 a.m. del domingo que otra patrulla se encontró el vehículo en el cual viajaban los tres efectivos volcado, en una curva de la vía y los tres ocupantes fuera del carro. Uno de ellos, Vásquez, se encontraba con vida, pero murió de camino al hospital.
Desenlace
De acuerdo con la resolución de la jueza Ivannia Ramírez, en las investigaciones policiales se determinó que la patrulla policial viajaba por el carril correcto, pero por razones que se ignoran se volcó y quedó de medio lado.
“Quedó claro, producto de las diligencias realizadas, que previo al vuelco el vehículo no presentaba ninguna falla mecánica, que de alguna manera justifique el vuelco”, añade el documento.
Asimismo, las autoridades determinaron que los tres ocupantes del vehículo lograron salir del carro por sus propios medios.
“Con el resultado de la reconstrucción de los hechos se logra establecer, la trayectoria inicial del vehículo, la dinámica en torno al vuelco. Luego el abandono que realizan los tres ocupantes de la patrulla y para finalizar con la forma en la que uno de los occisos, específicamente Santiago, quien se localiza en un plano más alto (prácticamente sobre la patrulla volcada) realiza disparos hacia la humanidad de los otros dos miembros de la Fuerza Pública, siendo que logra impactar en dos ocasiones a Jonathan, y en una ocasión a Viarney, para finalizar quitándose su propia vida”.
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La jueza, al analizar las autopsias, llegó a la conclusión de que la herida ubicada en el cuerpo de Santiago se cataloga como de corta distancia y afirma: “Se describe como producida con un arma de fuego en la región temporal derecha con salida en la mejilla izquierda (...) el tipo de orificio (...) al momento de su autopsia es compatible que fue autoprovocado”.
También con base en los dictámenes médicos, se estableció que los impactos de bala que presentaron Vásquez Molina y Zúñiga Arguedas “resultaron ser ocasionados de ‘larga distancia', con lo que se descarta la posibilidad de que los mismos se autolesionaran; además, la trayectoria de la munición utilizada en cada uno de los casos acredita que fue un tercero”.
Con esto se descarta la posibilidad de que en este caso hubiese participado una cuarta persona.
Familia lamenta abandono
“Eso lo dejaron así, como si nada pasó”, dijo Pablo Alberto Zúñiga Arguedas, hermano de Jonathan, al consultarle sobre cual ha sido el respaldo del Ministerio de Seguridad Pública, sobre lo acontecido el 26 de mayo del 2019.
“Imagínese como vamos a estar conformes, que ni siquiera nadie del ministerio llamó a mi mamá. Ni siquiera llamó para darle las condolencias. En ningún momento desde que pasó la situación esa hasta este momento hemos recibido de parte del Ministerio de Seguridad Pública una llamada para darnos las condolencias”, aseguró.
Jonathan Zúñiga, de 25 años, era soltero y vivía en San Isidro de Léon Cortés. Era el tercero de cuatro hermanos y había ingresado a laborar a Seguridad Pública el 16 de octubre del 2012.
La familia, que ya conoce que la investigación concluyó, va a presentar una demanda al Estado, aunque según afirmó José Pablo, ningún dinero va a devolver a su hermano.
“La más afectada ha sido mi madre. Al principio casi que la perdemos. Desgraciadamente, a ella fue a la que llamaron en la madrugada y le dieron la noticia. Hasta en la clínica estuvo, estaba muy mal.
“Ahora, al igual que nosotros nos hemos ido resignando pero siempre ha sido duro. Ella cada vez que se acuerda lagrimea. Me imagino que eso no se le va a pasar nunca”, añadió.
Aunque se intentó también conversar con familiares de Viarney Vásquez no fue posible que contestaran los teléfonos que aparecen a nombre ellos. Son oriundos de La Tigra de San Carlos. Este oficial tenía 30 años y empezó a laborar en Seguridad Pública el 1°. de agosto del 2012.
Respecto a Santiago Méndez de 34 años, su familia habita en Puerto Jiménez de Golfito y tampoco se les pudo ubicar. Trabajaba en Seguridad desde el 1°. de diciembre del 2008.