Eillyn Jiménez B.. 10 abril
Wilson fue arrestado por la Policía después de agredir a su hermana y asesinar al perro, pero luego quedó libre. Por eso, la Asociación Cinológica Autónoma de Costa Rica pidió imponer medidas cautelares mientras se investiga el caso. Foto: MSP para LN
Wilson fue arrestado por la Policía después de agredir a su hermana y asesinar al perro, pero luego quedó libre. Por eso, la Asociación Cinológica Autónoma de Costa Rica pidió imponer medidas cautelares mientras se investiga el caso. Foto: MSP para LN

La Asociación Cinológica Autónoma Nacional de Costa Rica pagó la necropsia y pidió medidas cautelares contra un hombre de apellidos Wilson Bent, quien figura como sospechoso de matar a un perro el pasado 30 de marzo en Pavas, San José.

Así lo dieron a conocer la organización y la Fiscalía de Pavas, que detallaron que el caso está en investigación bajo el expediente 19-378-1275-PE.

De acuerdo con el Ministerio Público, como parte del proceso se le pidió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar varias diligencias, situación que permitió ubicar el cuerpo del animal y, posteriormente, practicarle la necropsia.

Por su parte, Rubén Rodríguez Pérez, apoderado de la asociación, detalló que tomaron el caso de defensa de este can amparados en la ley que penaliza con cárcel la muerte y crueldad animal y agregó que el objetivo es marcar un precedente y recordar a las autoridades que las leyes fueron hechas para cumplirse.

“Este va a ser el primer caso que llevamos a juicio, apenas estamos intentando que se haga valer la ley porque hay mucho desconocimiento (...). Por ello financiamos la necropsia (valorada en ¢150.000), la cual se realizó en un laboratorio certificado, y ya presentamos los resultados ante el Juzgado Penal de Pavas.

"Además, se inició el proceso de investigación judicial y se solicitó que el imputado tenga prohibición de salida de Costa Rica, firme cada 15 días en un despacho judicial y se le practique un examen psicológico forense, con el objetivo de determinar si comprende el carácter ilícito de sus actos ”, afirmó Rodríguez.

Gustavo Corella, abogado de la asociación, manifestó que las medidas cautelares que se solicitaron son menos fuertes que la prisión preventiva, ya que lo que quieren es que Wilson se mantenga ligado al proceso y consideran que, en este caso, existen peligros procesales.

Según el experto, el hecho de que el sujeto sea nicaragüense y no tenga arraigos en el país, así como de que no esté claro su estado migratorio dan pie a la petición que realizaron a la Fiscalía, para que sea esta la que finalmente tramite la solicitud ante el Juzgado.

Corella destacó que también debe tenerse en cuenta que la muerte del animal ocurrió en un escenario de agresión intrafamiliar, ya que el hombre, de 22 años, primero atacó a su hermana y luego al perro.

La necropsia reveló que el can murió a causa de los golpes y luego el joven le hizo una perforación en el pecho y le sacó el corazón.

“Es un acto repudiable de una persona de la que desconocemos su estado mental, por eso una de las medidas es un examen psicológico”, recalcó Rubén Rodríguez.

Cumplimiento limitado

Rodríguez destacó que la Ley Contra el Maltrato Animal, la cual entró en vigencia el 11 de junio del 2017, se concilió sin presupuesto y hasta ahora considera que la ejecución ha sido “bastante pobre”.

“No hay presupuesto y quienes hacen posible la ley son las mismas organizaciones civiles. Esta es una ley que estamos intentado que se haga valer, pero hay mucho desconocimiento e incluso, es necesaria la capacitación a los funcionarios judiciales”, enfatizó el representante de la Asociación y también de la Federación Canina de Costa Rica.

Precisamente, Wálter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró en una entrevista con La Nación que la entidad carece del personal y de los recursos materiales necesarios para atender estos casos.

Eso significa que han tenido que trabajar “con las uñas” para atender las 227 denuncias recibidas sobre hechos delictivos que afectan animales y apelar a la colaboración del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), algunas ONG y veterinarios con los conocimientos necesarios.

El funcionario destacó que en San José tienen a un grupo especializado para atender delitos relacionados con animales, pero que regionalmente asignan un equipo según el rol de distribución de trabajo.

Asimismo, agregó que aunque Senasa, institución que les ayudó con las necropsias hasta noviembre anterior, ha sido colaboradora con el Poder Judicial, cuenta con capacidad limitada y eso complica la situación en la actualidad.

Senasa detalló que la funcionaria del laboratorio con conocimientos en patología se encuentra fuera del país cursando una especialidad que es de interés de la institución e informó de que han ofrecido al OIJ capacitaciones de enfermedades zoonóticas y de captura, manipulación, transporte humanitario, examen objetivo general básico, tenencia responsable y toma de muestras de animales, con el fin de que adopten las previsiones para el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la Fiscalía indicó que tampoco cuenta con una unidad especializada en materia animal, pero asegura que todas la sedes en el territorio nacional están facultadas para recibir denuncias.

Al aprobarse la ley hace 20 meses, se introdujo una nueva sección en el Código Penal en la que se constituyeron tres delitos, penados con cárcel, que castigan la crueldad animal, la muerte dolosa (derivada de la crueldad y las peleas) y las peleas de animales.