Ocho integrantes del Instituto Nacional de Criminología (INC) se quejaron formalmente hace siete meses de la actitud de una de sus compañeras, la jefa nacional de Trabajo Social, Jenny Umaña Pérez e incluso pidieron su destitución.
Sin embargo, el reclamo no tuvo eco en el Ministerio de Justicia, que apenas el 5 de febrero pasado decidió nombrar a Umaña como la nueva directora del INC, la instancia encargada de otorgar beneficios carcelarios a los reos, entre ellos, poder transferirlos de una cárcel a un sistema semiabierto, por ejemplo.
“La jefa nacional de Trabajo Social se ha mostrado distante durante los últimos meses, irrespetuosa, con evidente malestar, afectando así la dinámica del INC (Instituto Nacional de Criminología), tensando el clima de las sesiones y entrabando los procesos, renuente a integrarse al trabajo en equipo. No es colaborativa, ni proactiva”, dice el documento remitido a la ministra de aquel entonces, Marcia González Aguiluz.
Esa carta, que también venía firmada por la directora interina del INC, Kenly Garza, agrega que la funcionaria debía ser destituida porque tenía una ‘actitud disconforme, renuente y prepotente’.
Aunado a esta queja escrita, trascendió que en mayo del 2014 Umaña recibió un “llamado la atención” por malos tratos con sus compañeros de trabajo y recientemente también se conoció que tiene abierta una investigación preliminar por “una queja relativa a su función”, según confirmó el Departamento de Asesoría Jurídica de Justicia.
La nueva jerarca asumió su cargo el pasado 17 de febrero, mismo día en el que Daisy Matamoros dejó la dirección interina del INC para convertirse en la jefa de la Policía Penitenciaria.
Pese a las gestiones realizadas por La Nación, ni González, ni Umaña se refirieron a este asunto.
Esta designación se da en medio de la solicitud que hizo Justicia a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) de convertir este puesto técnico en una plaza de confianza, pese a que eso podría poner en duda la objetividad de las decisiones del INC.
Según detalló Otto Vargas, vocero de Justicia, el nombramiento fue hecho por el Consejo de Política Penitenciaria, el cual está integrado por la ministra, la dirección de Adaptación Social, la dirección de la Policía Penitenciaria y la dirección del INC.
Se le consultó sobre las razones que motivaron esta designación, a lo que Vargas respondió en un correo:
“Aparte del cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley de Creación de Adaptación Social, se tomó en consideración la experiencia de la señora Umaña en el INC, la gran labor al frente del centro penitenciario más grande del país (La Reforma) y su experiencia en el sistema penal”.
Aseguró, además, que Umaña no tiene procedimientos administrativos disciplinarios abiertos, ni sanciones anteriores, pese a que fue ese mismo despacho el que confirmó el llamado de atención del 2014 y el proceso preliminar que se abrió recientemente.
Sobre este último, todavía está pendiente de entrega un informe que determinaría si se abre una causa administrativa.
También se le pidió detalle sobre este caso, pero el vocero se amparó en la confidencialidad para no decir más y aseguró que “esto no es impedimento para que asuma el cargo para el cual ha sido nombrada”.
Se intentó obtener una versión de Marcia González, pero la exministra no respondió a las múltiples llamadas hechas a su celular.
También se intentó conversar como de la nueva directora Jenny Umaña, y para ello se solicitó una entrevista en la oficina de prensa; sin embargo, la funcionaria declinó brindar declaraciones al alegar que la investigación aún no está cerrada.
Quejosos: ‘Nos sentimos expuestos y con un sentido de desconfianza’
La carta de reclamo en contra de la actual directora del INC data del 1.° de julio del 2019, cuando ella ejercía como jefa nacional de Trabajo Social.
Viene firmada por Gustavo Sólorzano, subdirector del INC; José Ortiz, jefe nacional de Derecho; Christopher Camacho, jefe de Investigación y Estadística; Luis Claudio Valverde, jefe nacional de Educación; Rónald Herrera, asesor de la Dirección General; Martín Chaves y Andrés González, ambos miembros del equipo asesor del INC; y Kennly Garza, quien era en ese momento la directora del Instituto.
Ellos exponen una serie de irregularidades en las que supuestamente incurre la nueva jerarca del INC:
Para empezar, resaltan que Umaña Pérez se ausenta “en múltiples ocasiones” de las sesiones del INC, lo cual afecta el cuórum mínimo.
Por ejemplo, alegan que del 1.° de febrero al 6 de junio del 2019 se realizaron 51 sesiones y ella no se presentó a 21, lo que significó que tampoco se participó en capacitaciones importantes para el órgano.
Además, pese a que el Instituto nunca ha limitado a ningún miembro la posibilidad de atender sus obligaciones como jefes nacionales, los firmantes aseguraron que Umaña ha suspendido visitas a algunos centros alegando que debía participar en sesiones de este órgano.
Para el resto de miembros esta acción corresponde a “un descuido injustificado de sus responsabilidades como integrante del INC”.
Otra de las quejas que expresan es que, supuestamente, la nueva directora solía “dar la impresión de cercanía, apoyo y respaldo significativo” de quienes en ese momento eran la ministra (Marcia González) y el exviceministro (Fabián Solano), entre otros. El objetivo era, al parecer, influir en la toma de decisiones.
Los quejosos también escribieron en el documento que la señalada tiene la supuesta costumbre de crear “campañas de desinformación y manipulación” en oficinas centrales de Justicia, en contra de compañeros con los que no simpatiza. También lo hace “para presionar por mantenerse en algún puesto cercano a la dirección del INC".
Por esas actitudes es que los suscritos aseguraron no sentirse cómodos con la presencia de Umaña cuando era compañera, por lo que, en julio pasado, pidieron su destitución.
Justicia espera respuesta de si puede hacer esa plaza de confianza
En setiembre del año pasado, este medio dio a conocer que la actual administración del Ministerio de Justicia y Paz pretendía que la plaza de director del INC sea un puesto de confianza, pese a que eso podría poner en duda la objetividad de sus decisiones.
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Es decir, se busca que la designación de ese cargo sea por elección exclusiva del jerarca del Ministerio, confirmó la oficina de prensa de esa cartera.
El Ministerio de Justicia indicó que, como ese cargo quedó vacante con la salida de su exdirector, Alexánder Obando, en febrero del 2019, enviaron en una fecha no detallada una consulta a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) para que se determine si se puede convertir dicha plaza.
Además, indicó: “Hasta el momento, ni esa dependencia ni la Procuraduría han emitido un criterio. La plaza de la señora Umaña es interina y opera con plaza del Servicio Civil”.
Se le envió una consulta a la DGSC para conocer el estado actual de ese proceso, pero no se recibió respuesta.