El Juzgado Penal de Hacienda prorrogó por seis meses más la suspensión del alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, quien ante esto permanecerá fuera de su cargo al menos hasta febrero del 2023, mientras se le investiga por la construcción de un puente en la finca de un presunto líder narco.
Además, el funcionario no puede acercarse a testigos de la causa, debe mantener domicilio fijo y si lo varía está en la obligación de informarlo de previo a la Fiscalía, al mismo tiempo que si pretende salir de Costa Rica tiene que reportar el destino y las fechas al Ministerio Público.
Las últimas tres medidas cautelares también aplican para un ingeniero municipal de apellidos Fernández Masís y para un profesor del Ministerio de Educación Pública (MEP) apellidado Fernández Sancho. Este último era el aparente intermediario entre los funcionarios municipales y el supuesto líder narco, Darwin González Hernández.
El ingeniero, asimismo, tiene prohibición rotunda de ser nombrado nuevamente en la Municipalidad de Corredores, pues la suspensión del cargo quedó sin efecto cuando fue liquidado de la corporación, hace tres meses. Todas estas disposiciones tienen una vigencia de seis meses, hasta el 15 de febrero del 2023, confirmó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ante consultas de La Nación.
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Tanto Viales, quien fue electo como alcalde con el Partido Liberación Nacional (PLN), como los dos Fernández son investigados dentro del expediente 21–000007–1775–PE por el presunto delito de peculado. Según el artículo 361 del Código Penal, este ilícito se castiga con penas de tres a doce años de prisión, al “funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo” o “que emplee en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”.
Este caso trascendió en diciembre del 2021, cuando se realizaron 12 allanamientos que tenían como principal fin recolectar prueba relacionada con el uso de fondos e insumos municipales para la reparación de un camino privado y la construcción de un puente de vigas en una finca de González, conocido como Pancho Villa.
Al hombre, quien descuenta prisión preventiva desde junio del año pasado como sospechoso de tráfico de drogas y legitimación de capitales, se le señala como un empresario dedicado a la producción de palma aceitera y junto a su esposa tiene una propiedad en la Cuesta de Corredores, que es llamada Finca de Darwin.
Se trata de una quinta con una moderna residencia, rancho para fiestas, lago, helipuerto y amplias zonas verdes, que está entre una plantación de palma aceitera. Ahí había venados, saínos y en el lago tenía peces como los gaspar que viven en el agua dulce y cuya existencia se conoce sobre todo en Caño Negro, en la frontera con Nicaragua. Aparentemente, este grupo trasegaba droga que llegaba a lugares como Burica, Zancudo o Puerto Jiménez. Luego, el estupefaciente era trasladado hasta el Pacífico central, donde una parte se comercializaba en el mercado nacional y otra se enviaba a los Estados Unidos.