Vanessa Loaiza N.. 4 junio
Momento en el que sale Albino Vargas de la Fiscalía de Bribrí, en Talamanca. Foto suministrada por Lorena Vado.
Momento en el que sale Albino Vargas de la Fiscalía de Bribrí, en Talamanca. Foto suministrada por Lorena Vado.

Al sindicalista Albino Vargas Barrantes y cinco personas más se les abrió un expediente en la Fiscalía de Bribrí por el presunto delito de resistencia, luego del zafarrancho ocurrido este miércoles en la Municipalidad de Talamanca, Limón.

Ante consulta de La Nación, el Ministerio Público confirmó que anoche se les tomó la declaración indagatoria a los seis hombres. “Tras corroborarse que estas personas cuentan con todos los arraigos procesales (laboral, familiar y domiciliar), no se requirieron medidas cautelares en su contra, pero continúan apegadas a la causa penal”.

Los investigados, además de Vargas Barrantes, responden a los apellidos Cascante Amador, Ortiz Fiorabanti, Cascante Torres, Rivera González y Valverde Granados. De estos últimos, tres son miembros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y dos son empleados del ayuntamiento.

Los hechos por los que se abrió la causa ocurrieron a eso de las 11:50 a. m. de este miércoles en la sede municipal. Vargas y tres compañeros más del sindicato acudieron a Talamanca para presentar los documentos de acreditación de una seccional de ANEP y atender el presunto despido de varios empleados del municipio.

En determinado momento, los ánimos se caldearon y hubo patadas y golpes entre las partes. Mientras Albino Vargas alega que fueron agredidos por otros empleados de la municipalidad, al parecer de otro sindicato; el alcalde Rugeli Morales, alega que los hechos ocurrieron al revés.

Ambas partes anunciaron que acudirían a vías judiciales para denunciar los hechos ocurridos.

Por esta situación, intervinieron la Fuerza Pública y la Fiscalía local y esta última ordenó la detención de las seis personas antes citadas. Las mismas estuvieron a las órdenes de las autoridades por al menos 8 horas ayer.

Según el artículo 312 del Código Penal, se impondrá prisión de un mes a tres años al que emplee "intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le preste asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, para impedir u obstaculizar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones.

“La misma pena se impondrá a quien empleare fuerza contra los equipamientos policiales utilizados por la autoridad policial para realizar su labor”.

El caso se tramita bajo el expediente 20-000308-0597-PE.

Debido a que se trata de un asunto que está en investigación, la Fiscalía concluyó que puede brindar más información. “Lo anterior, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual protege la privacidad de las actuaciones”.