Agente del OIJ acusado de cobrar $30.000 a extranjero evita juicio y pide que lo reintegren al trabajo

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), acusado de cobrar $30.000 a un empresario extranjero para atrasar una investigación, evitó ir a juicio al someterse en junio pasado a una medida alterna, al tiempo que pidió ser reintegrado a su trabajo.

Este caso tiene como implicado a un investigador de apellidos Ruiz Castro, que se desempeñaba como oficial en la Unidad de Vigilancia y Seguimiento del OIJ.

El agente fue detenido el pasado 16 de enero, junto con un particular apellidado Rojas Salazar, en un operativo que abarcó cuatro allanamientos que se efectuaron en Escazú, San Joaquín de Flores (Heredia) y en Montes de Oca.

Contra ambos hombres la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió un proceso penal como sospechosos del delito de concusión, que castiga entre otros al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue a alguien a dar indebidamente un bien o un beneficio patrimonial. Esta acción tiene una condena de prisión de dos a ocho años de cárcel.

Empresario en la mira

Según la acusación del Ministerio Público, este proceso inició en mayo del 2019, cuando Ruiz y Rojas citaron a un estadounidense de apellidos Scott Brannon a una reunión en una casa en Pozos de Santa Ana.

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Ahí le explicaron al extranjero que Ruiz era oficial del OIJ y tenía nexos con la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA) de los Estados Unidos, y que había una lista de personas que la DEA quería sacar del país. Le hicieron ver que entre los nombres estaba el de Scott Brannon.

La Fiscalía, en la acusación, atribuyó a Ruiz que en esa ocasión afirmó que: “Podía detener la expulsión o traslado que la DEA pretendía hacer (...) Le pidió un millón de dólares a cambio de evitar su expulsión de Costa Rica”.

Esa reunión se produjo pocos meses después de que David Patey, presidente de Fuerza Herediana, grupo que administra el Club Sport Herediano, dijera que Michael Lawrence Brannon Hutson, conocido como Scott Brannon, (accionista del club rojiamarillo) y él, eran investigados por estar supuestamente involucrados en narcotráfico y legitimación de capitales.

Ruiz, Rojas, Brannon y el jefe de seguridad de este último, de apellido Esna, se volvieron a encontrar el 31 de mayo de nuevo en Santa Ana. Allí, según la acusación, entregaron a “Scott un documento de aproximadamente diez páginas, que correspondía a un pedido de información del Departamento de Justicia en Estados Unidos”. En esa ocasión, Scott aportó $30.000 en efectivo.

El 23 de setiembre del 2019 hubo una tercera reunión en el mismo sitio. Según la Fiscalía, los investigados entregaron a Scott “un documento de la Fiscalía de la Florida, que en apariencia se encontraba dirigido a la embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que hacía referencia a una solicitud de investigación para que se determinara una presunta situación por lavado de dinero y evasión de impuestos en contra de Scott”.

Supuestamente, los implicados solicitaron otra suma de dinero “por interceder para evitar el traslado del caso a la Fiscalía General”.

Empero, el 17 de octubre del 2019, trascendió que el Juzgado Penal de San José desestimó el proceso penal contra David Patey y Scott Brannon por los presuntos delitos de legitimación de capitales e infracción a la ley de psicotrópicos. Poco después de ese hecho, Scott denunció el caso al Ministerio Público.

Acepta delito

En este asunto, la Fiscalía acusó a Ruiz y Rojas de concusión y al llegar a la audiencia preliminar, que se realizó el 15 de junio del 2020 en el Juzgado Penal de Goicoechea, los imputados admitieron el delito y se sometieron a la medida alterna de suspensión del proceso a prueba.

Esta fue homologado poco después por un tribunal penal y por la Procuraduría General de la República.

“Las personas imputadas, además de aceptar los hechos acusados, se sometieron al proceso con el cumplimiento del plan reparador. La Fiscalía indicó que dicha medida no extingue o acaba con el proceso penal inmediatamente, pues debe demostrarse el cumplimiento del plan reparador en un plazo aproximado de dos años. Si se incumpliera alguna de sus condiciones, la persona imputada deberá enfrentar un juicio por el delito acusado”, informó el Ministerio Público.

En cuanto al plan reparador, tanto la Fiscalía como la oficina de prensa del Poder Judicial, dijeron que era confidencial.

Sin embargo, La Nación determinó que a ambos implicados se les inhabilitó para ejercer cargos públicos por un lapso de cinco años que vence el 16 de junio del 2025. Además, durante los próximos tres años, cada imputado deberá realizar 600 horas de trabajo comunal a favor de una institución pública o de beneficencia.

Asimismo, cada uno debe cancelar la suma de ¢5 millones por concepto de daño social, dinero que deberán depositar en la cuenta de la caja única del Estado, en tractos mensuales, en un plazo de cuatro años y seis meses.

Ruiz, en un nota que envió al Consejo Superior del Poder Judicial, la cual conocieron en la sesión del 9 de julio anterior, pidió se le aclarara su situación laboral, pues manifestó: “Desde el día lunes 15 de junio del presente año mediante orden judicial me fueron levantadas las medidas cautelares impuestas desde el 16 de enero del 2020 (...) he consultado a varias dependencias si debía presentarme a trabajar el martes 16, sin embargo, a la fecha no he tenido respuesta (...) solicito se me informe al respecto, con el fin cumplir con mis obligaciones laborales y evitar cualquier tipo de responsabilidad a nivel laboral”.

El órgano administrador del Poder Judicial, luego de analizar todo el caso decidió prorrogar la suspensión del agente judicial, sin goce de salario, hasta que el Tribunal de la Inspección Judicial concluya con la investigación administrativa.