Eillyn Jiménez B., Katherine Chaves R.. 22 agosto
Desde el 2016 se han investigado 52 policías penitenciarios y 25 de otras áreas por ingresar artefactos telefónicos a cárceles. Foto con fines ilustrativos/ Jorge Castillo
Desde el 2016 se han investigado 52 policías penitenciarios y 25 de otras áreas por ingresar artefactos telefónicos a cárceles. Foto con fines ilustrativos/ Jorge Castillo

Un total de 30 funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz alegaron que fue un error el haber ingresado a centros penales con algún accesorio telefónico en su poder, como por ejemplo: teléfonos, cargadores, cables USB o tarjetas de memoria.

Por esta acción, Justicia les impuso una suspensión sin goce de salario, al considerar que “si bien incurrieron en una falta, actuaron sin dolo”. Esta población cometió este tipo de falta entre el 2016 y el 22 de agosto del 2019, según un recuento de ese ministerio divulgado hoy.

“Los 30 andaban cualquier objeto relacionado con telefonía, desde un aparato hasta un cargador, un cable o una tarjeta de memoria (...). Lo del dolo es porque algunos funcionarios, por error, entran a la cárcel con una tarjeta, un cable USB en la bolsa y olvidaron reportarlo, entonces hay que abrirles un procedimiento”, explicó Justicia ante la consulta de este medio.

En total, desde el 2016, Justicia ha abierto procesos a 77 funcionarios, 52 de ellos miembros de la Policía Penitenciaria.

De ese total, 47 se han registrado en los últimos dos años, mismo periodo en el que se despidieron cinco personas.

El viernes anterior, un funcionario de mantenimiento fue detenido con 10 celulares ocultos entre sus herramientas, mientras que días antes se hizo viral un video en el que se ve a varios privados de libertad llamando a personas desde la cárcel con la intención de estafarlas.

En la grabación, se observa además que tienen listas de nombres e incluso guiones para engañar a sus víctimas.

El Ministerio detalló que se han hecho varias investigaciones internas, hasta ahora no se ha vinculado a los funcionarios con actividades delictivas como estafas.

Lorena Ortega, jefa del Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Justicia y Paz, recalcó que el ingreso de celulares no es permitido debido al riesgo de comercialización, pero que si las pruebas no comprueban la existencia de un hecho delictivo, las sanciones se quedan a nivel administrativo.

“En muchos casos la carga probatoria no permite concluir la existencia de complicidad para la comisión de un delito, por eso se aplican suspensiones que van de uno a treinta días, en el caso de los policías penitenciarios, y de uno a quince días en el caso de otros funcionarios administrativos.

"Cuando se demuestra un dolo, se procede con el despido”, explicó Ortega.

¿Cómo funcionan los procesos disciplinarios?

De acuerdo con la institución, un proceso disciplinario debe resolver en dos meses, con posibilidad de prorrogarse otros dos meses, para un total de cuatro.

El proceso que se sigue es que una vez abierta la causa, se instruye un órgano director, integrado por funcionarios de Asesoría Jurídica. Ellos se encargan de recabar las pruebas y tomar los testimonios necesarios, así como de garantizar el debido proceso.

Ese organismo es el que valora en sus conclusiones si hay o no hay dolo, precisó Justicia.

Concluido ese proceso, se eleva el caso a un órgano decisor, en el que está el director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, o en casos específicos la ministra, Marcia González.

Son ellos quienes aplican o no una sanción según cada caso.