EscucharUn total de 27 jueces penales del Caribe se niegan a conocer la causa que se sigue contra uno de sus colegas por atacar la vida de otro.
Se trata de 12 jueces del Tribunal Penal de Pococí y 15 del Tribunal Penal de Limón, según confirmó el Poder Judicial.
El caso es contra el juez Miguel Ángel Lizano Córdoba, quien, según la Policía, contrató a un grupo de sicarios para asesinar a su jefe, Jorge Paisano Saborío.
Los juzgadores acogieron la recusación que presentó el defensor del acusado, luego de que el Juzgado Penal de Pococí rechazara permitir una conciliación entre las partes.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/TQOHSRAZTFBAVIPKRYOK4VT6NE.jpg)
Jorge Paisano (al lado de la mujer) tiene más de 15 años de laborar como juez. Cuando ocurrió el ataque en su contra, él se encontraba como coordinador de los demás jueces de Pococí. | REINER MONTERO.
El abogado defensor, Carlos Redondo, impugnó la decisión del Juzgado, pero solicitó que ni el Tribunal Penal de Pococí ni el de Limón resolvieran la apelación, al alegar la cercanía de los jueces con el ofendido.
Así lo aceptaron los juzgadores de Pococí quienes lo remitieron al Tribunal Penal de Limón, que también rechazó conocer el expediente.
Los otros imputados en este proceso son tres supuestos pistoleros de apellidos Víquez, Platero y Alfaro, así como dos acusados de ser intermediarios, de apellidos Guido y Núñez.
Amigos de imputado. Los 15 jueces del Tribunal Penal de Limón comunicaron su inhibitoria el 18 de marzo anterior.
Según se desprende del documento que firmaron, los juzgadores admitieron tener un “evidente vínculo de amistad” con el imputado.
“ (...) No solo en el ámbito personal, sino también en el laboral, ya que (Lizano) trabajó en este Tribunal por espacio de casi cuatro años.
”(...) Pero además, tomando en consideración que el Licenciado Lizano es juez propietario en este Tribunal y que existe la posibilidad de que retorne a su plaza, pues la relación laboral aún se mantiene”, agregaron.
Los jueces del Tribunal limonense expresaron: “Por considerar los suscritos que este asunto involucra a dos funcionarios judiciales cuyas diferencias tienen su origen en el ejercicio de sus cargos, según se acusa por el órgano fiscal, se remite el expediente al Tribunal Penal de Hacienda (en Goicoechea) para que avoque el conocimiento de la causa”.
La oficina de prensa del Poder Judicial informó ayer de que en el Tribunal Penal de Hacienda todavía no se había recibido la gestión.
Se le consultó a la entidad por los argumentos detallados de los jueces de Pococí para excusarse, pero, al cierre de la edición, no los habían entregado.
Apelación. La impugnación de la defensa se dio el 27 de febrero, luego de que jueza de Pococí, Juliana Vallecillo, rechazó avalar un arreglo entre las partes.
Vallecillo argumentó que para que la conciliación proceda, el delito debe admitir la ejecución condicional de la pena; es decir, que las penas deben ser de tres años o menos. El castigo de la tentativa de homicidio calificado supera los tres años.
Carlos Redondo, abogado de Lizano, apeló esa decisión. El jurista destacó que fue el mismo ofendido quien pidió llegar a un arreglo.
La Fiscalía se opuso a la conciliación por la gravedad del delito cometido.
Las partes no revelaron el monto del arreglo.
Ataque. El intento de homicidio contra Paisano ocurrió el 14 de diciembre del 2012, a eso de las 8 a. m., cuando se dirigía hacia su trabajo en los Tribunales de Pococí.
El juez conducía su vehículo en la salida a la carretera Braulio Carrillo, a unos 400 metros de su trabajo.
En ese momento, un carro lo alcanzó y un hombre sacó un arma y le disparó en tres ocasiones.
Ninguna de las balas lo impactó, pero una quedó incrustada en una cabecera del asiento y otra salió por el techo.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indagó el caso y descubrió que, supuestamente, Lizano contrató a unos sicarios para matar al coordinador de la zona, como venganza porque este gestionó su despido. Colaboró el periodista Carlos Arguedas.
