Yeryis Salas. 3 junio
Según Fiscalía, 91 jóvenes están recluidos actualmente en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Foto: Alonso Tenorio.
Según Fiscalía, 91 jóvenes están recluidos actualmente en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Foto: Alonso Tenorio.

Solo delitos de mayor gravedad llevarán a los menores que hayan delinquido a centros de reclusión. Esa es la intención de fiscales y jueces de Penal Juvenil, en el intento de darle a estos adolescentes otra oportunidad de reenfocar su vida.

Esa política explica por qué únicamente 38 muchachos de 145 procesados por la Fiscalía Penal Juvenil de San José, en el 2018, recibieron penas de internamiento.

En ese 26% figuran los casos más graves, que sí son castigados con largas sentencias, confirmó la fiscala Mariana Abarca.

Internamiento es el término que utiliza la Ley Penal Juvenil a la restricción a la libertad de tránsito para menores. En el caso de los adultos es medida de prisión.

Esta legislación, que rige desde 1994, establece penas máximas de 15 años de internamiento para personas entre 15 y 18 años, y de 10 años cuando sean mayores de 12 y hasta 15 años.

De los investigados el año pasado, al 74% se le aplicaron medidas alternativas pues, como explicó el fiscal Omar Jiménez, se pretende que los adolescentes tengan más posibilidades de reinserción social. Bajo este principio, los juicios se consideran como un último recurso.

“Eso quiere decir que el grueso de lo que tuvimos acá en la Fiscalía se resolvió a través de mecanismos de inclusión, de reestructuración del tejido social que no implicaron la aplicación de una sanción” de cárcel, explicó Jiménez.

Entre los que recibieron penas alternativas, un 40%, (58 personas) recibió amonestaciones y advertencias, según los datos publicados este viernes 24 de mayo en una rendición de cuentas del Ministerio Público.

Jiménez indicó de que las amonestaciones se aplican cuando se constata que el menor de edad reflexionó y cambió su actitud tras el delito cometido.

Asimismo, un 33%, o 48 jóvenes, fueron sometidos a libertad asistida. Estos quedaron en libertad pero bajo ciertas condiciones, como acudir una vez al mes a una cita con especialistas y mantener un buen comportamiento.

Por último, a un 1% se le aplicaron medidas extraordinarias de seguridad para evitar que se provocara daño a sí mismo o a otras personas.

Ejemplos graves

Entre los hechos más graves que concluyeron con el internamiento de jóvenes está el homicidio con arma de fuego de Ramón Sánchez Zúñiga, colombiano de 32 años, así como la tentativa de homicidio contra el hijo de Sánchez. Esto ocurrió el 27 de junio del 2018 en Zapote.

Por este crimen fueron procesados dos jóvenes que en aquel entonces tenían 15 años.

Tras el suceso, los dos menores y un tercer muchacho, de 16 años, fueron vinculados con siete asaltos ocurridos entre abril y junio en las cercanías del parque de La Paz, en barrio Naciones Unidas, en el distrito Catedral de San José y en San Antonio de Coronado.

Al parecer, los jóvenes amenazaban a sus víctimas con armas de fuego para despojarlas de sus celulares y luego utilizaban esos dispositivos para cometer otros ilícitos.

También se les investigó por pertenecer a una banda que vendía drogas conocida como Los Fox.

A dos de ellos se les impusieron 15 años de cárcel, mientras que otro obtuvo libertad asistida.

Abarca comentó el caso de un menor de edad acusado de actuar de sicario para un grupo criminal.

“Esta situación es lamentable porque vemos como nuestros jóvenes ya están siendo utilizados por estructuras criminales, ya no son aquellos que simplemente acompañan a las personas adultas que realizan acciones de vigilancia, sino que ya tienen altos mandos, ya se encargan de ejecutar asesinatos e incluso hasta de mandar a ejecutar asesinatos”, apuntó la fiscala.

El adolescente fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio de cuatro personas. No solo fueron víctimas los miembros de la banda rival, sino de personas que solo caminaban por la calle durante los ataques.

“Estamos hablando de personas inocentes que transitaban en horas de la tarde o de la noche, mientras una persona que usaba armas de alto calibre disparaba indiscriminadamente”, dijo Abarca.

Estos datos no incluyen los casos que se resolvieron por medio de la justicia juvenil restaurativa, un método en el que la víctima y el imputado buscan una solución alterna al proceso penal.

En la rendición de cuentas no se divulgaron estadísticas sobre los delitos más frecuentes en esta población o la cantidad de jovenes que permanecen en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Luis de Santo Domingo de Heredia. En el 2018, la cifra rondaba el centenar de internos entre los 12 y los 24 años.