Judiciales

1.000 pares de tenis falsos decomisados en tienda de Cartago

Dos personas encargadas del comercio fueron detenidas como sospechosas de ‘falsificación y distribución de marca’, indicó el OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó al menos 1.000 pares de tenis falsos en una tienda y una bodega del Carmen, en Cartago, debido a que además de no ser originales, en el comercio carecían de permiso para su venta. En la diligencia se detuvo a un hombre de apellidos Calderón Jiménez (39 años), y a una mujer, apellidada Jiménez González (57).

De acuerdo con la Policía Judicial, estas dos personas son sospechosas de los presuntos delitos de falsificación y distribución de marca, por lo que serán remitidas a la Fiscalía para que se determine su situación jurídica. Trascendió que ambos son familia, pero no se indicó su parentesco.

Las autoridades afirmaron que en setiembre de este año los agentes del OIJ de la Vieja Metrópoli recibieron una denuncia que, inicialmente, ingresó a la Fiscalía, en la que se alertaba de la supuesta actividad ilícita por la venta de calzado deportivo falso, específicamente de dos marcas, una de ellas Nike.

“Tras la investigación realizada por los agentes judiciales y después de diversas diligencias se allanaron la tienda y la bodega y se detuvo a dos personas. Asimismo, se decomisaron los tenis de esas dos marcas que se denunciaron. Se estima que puede haber más de 1.000 pares de tenis”, indicó el cuerpo policial por medio de su oficina de prensa.

Eduardo Fallas, subjefe del OIJ de Cartago, agregó que, al parecer, los sospechosos “se dedicaban al almacenamiento, venta y distribución de tenis de marcas reconocidas”. Las diligencias tardaron alrededor de cinco horas.

Según el artículo 44 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se castiga con multas económicas e incluso cárcel a las personas que “falsifiquen una marca o signo distintivo ya registrado”. La multa más baja oscila entre cinco a veinte salarios base (¢2,3 millones a ¢9,2 millones), cuando el valor de los productos no sobrepasa los ¢2.131.000. En tanto, la multa más alta es de entre tres y cinco años de prisión o entre 200 y 500 salarios base (¢92,4 millones a ¢231,1 millones) cuando los productos valgan más de ¢21,3 millones.

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