Fotos del homicidio de Jos Narciso Montero Valverde, Ana Isabel Mndez Vargas y su hijo de 8 aos, ocurrido el 15 de noviembre de 1998 en Moravia. Crdito: Carlos Borbn, Archivo GN. (Carlos Borbon)
“La suscrita, menor de 16 años, actualmente detenida en el centro Amparo Zeledón, comparezco a manifestar que soy hija de los causantes y que en tal condición solicito que se me tenga en calidad de heredera legítima”.
De esa forma, la joven que mató a balazos a sus padres y a su hermano menor, el 15 de noviembre de 1998 en San Blas de Moravia, pidió a un juez que la tomara en cuenta para heredar los bienes de sus progenitores.
Así consta en un documento firmado por la menor desde la cárcel, cuatro meses después de haber ultimado a José Narciso Montero Valverde (35 años); Ana Isabel Méndez Vargas (37), y el hijo de la pareja, José Michael, de 9.
Por el triple crimen, el Juzgado Penal Juvenil de San José declaró culpable a la joven y le impuso 15 años de prisión en agosto de 1999.
¿Qué llevó a la joven a ensañarse con sus padres? La respuesta sigue siendo un misterio. La semana pasada, La Nación conversó vía telefónica con la mujer –ahora de 29 años–, pero solamente dijo: “Los motivos no tengo por qué decírselos a nadie. Es un capítulo cerrado en mi vida; borrón y cuenta nueva. Yo empecé de cero”.
Entre las hipótesis que la Fiscalía se había formulado por este homicidio estaba el interés de la joven en heredar los bienes de sus padres. No obstante, jamás recibió su cuota del patrimonio familiar, a pesar de los intentos.
Sin herencia. Un mes después del homicidio, la madre de Ana Isabel Méndez fue quien solicitó que se abriera el proceso sucesorio.
Entre los herederos únicamente figuraban ella, la hija mayor de la pareja –Jenny Montero– y la joven homicida.
La sentencia condenatoria de la adolescente fue utilizada por su hermana mayor para pedir al juez civil que declarara “indigna” a la joven por haberse comprobado la autoría de los asesinatos.
Fue así como el 28 de noviembre del 2001 el Juzgado Civil de Goicoechea señaló en una sentencia que el comportamiento “doloso y previamente planificado” de la hija de los fallecidos significaba una “ofensa grave en su mayor expresión”.
“Tal comportamiento constituye, sin temor a equívocos, una incompatibilidad moral con los intereses que deben primar en las relaciones entre los causantes y herederos y, a la vez, una falta muy grave al deber de respeto y consideración que asiste a todo hijo para con sus padres, revelando el hecho como tal un odio, furia y resentimiento inexcusables desde todo punto de vista”, dicta el voto N.° 616-01.
Jenny Montero asegura que actualmente no tiene comunicación con su hermana, quien cumplió la condena el 4 de abril del 2011, pero estuvo con libertad asistida desde marzo del 2009.
“Ella peleó y peleó (por la herencia) hasta decir basta. Ella me reclama que ahora está pasando calamidades por mi culpa”, contó.
Los bienes. El patrimonio familiar de la familia Montero Méndez fue valorado en unos ¢50 millones, según los peritajes judiciales.
El Juzgado Civil de Goicoechea repartió los bienes el 1.° de noviembre del 2004 a la madre de la fallecida, a Jenny Montero y al hijo menor de esta última.
De acuerdo con la sentencia, la abuela recibió ¢6 millones en efectivo y una casa en Ipís de Goicoechea de 96 metros cuadrados, valorada en ¢4,5 millones.
Por su parte, la hija mayor (Jenny Montero) heredó otra vivienda en la misma zona, valorada en ¢4,5 millones; un lote de joyas por ¢1 millón; el vehículo en el que murieron sus papás, valorado ¢25.000; una motocicleta de ¢300.000, varios muebles por ¢1,2 millones y un derecho por ¢4 millones sobre la casa donde vivió la pareja en Moravia.
Mientras tanto, el hijo menor de Jenny heredó la cuota que le hubiese tocado a la homicida: un derecho sobre la casa por ¢16 millones.