La decisión la tomó el Tribunal de la Inspección Judicial en agosto; sin embargo, esta trascendió esta semana, luego de concluir una investigación ordenada por la presidenta
En la resolución, los jueces Rodrigo Flores, Leda Méndez y Eduardo Alfaro, determinaron que Araya actuó dentro del marco constitucional y legal y que al momento de resolver lo hizo con los elementos de juicio que constaban en el expediente.
El imputado fue interceptado por la Fuerza Pública –en un retén en carretera– para una revisión de rutina. Empero, al notar el nerviosismo del hombre, decidieron hacer un chequeo más minucioso del carro y fue cuando varias horas después encontraron los 28 kilos de cocaína ocultos en el tanque del combustible.
Araya, fundamentado en que el implicado tenía domicilio fijo, laboraba como mecánico en un taller y era la primera vez que aparecía implicado en un hecho delictivo, lo dejó en libertad, pero con medidas cautelares, como presentarse a firmar a un despacho judicial, mantener residencia y trabajo fijo y no salir del territorio nacional.
Esa decisión la apeló el Ministerio Público, con el argumento de peligro de fuga, pues el imputado vivía cerca de frontera con Panamá, además de falta de trabajo estable.
El Tribunal Penal de Corredores al conocer el recurso revocó el 3 de mayo la liberación de Ríos y ordenó dos meses de prisión preventiva.
“El Organismo de Investigación Judicial rinde un informe, en el cual indica que el propietario del taller –donde el imputado aseguró tener empleo– había manifestado que el imputado laboró para esa empresa hacía como cuatro años y que en la actualidad no existía relación de ninguna naturaleza.
“En virtud de lo anterior, el Tribunal de Juicio consideró que el cuadro fáctico cambió completamente, pues se demostró que el encartado no tenía arraigo laboral, además de que era indicativo de que no tenía intención de someterse al proceso”, precisó el fallo de la Inspección Judicial.
Consultado sobre la resolución el juez Luis Guillermo Araya, este dijo que se enteró de la investigación por el fallo de la Inspección Judicial.
Lamentó que este tipo de acciones investigativas se inicien contra los jueces porque repercuten en futuros procesos.
Esto, porque –según dijo– los jueces van a preferir dictar una prisión preventiva antes de que la prensa informe de que un juez dejó libre a un sospechoso de narco.