San José (Redacción). La Fiscalía solicitó esta tarde variar la medida cautelar de arresto domiciliario que le había impuesto el Tribunal Penal de Pavas a dos mexicanos, de apellidos Martínez y Mendoza.
Ellos se encuentran en máxima seguridad de La Reforma, y una jueza del Tribunal de Pavas ordenó otorgarles casa por cárcel el martes de la semana pasada.
Ahora, el Juzgado Penal de Pavas deberá resolver la petición del Ministerio Público, por lo que los mexicanos no saldrán de la prisión hoy.
Esta tarde, el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, presentó un documento al Juzgado indicando que no cuentan con los recursos humanos ni económicos para proveer la custodia que estas personas hubiesen requerido en su domicilio.
En el documento, Gamboa reconoce que cuidar las 24 horas a esos sujetos, durante cuatro meses, asciende los ¢63 millones, divididos así: ¢42 millones en salarios y cargas patronales de los funcionarios policiales; ¢15 millones en avituallamiento; ¢1,4 millones en mantenimiento de vehículos; ¢3,5 millones en combustible del vehículo; y ¢2 millones en alimentación.
El viceministro aseguró en el texto: "…como ustedes podrán concluir, el traslado, custodia y vigilancia de los precitados privados de libertad, supone aparte del altísimo costo presupuestario, un enorme riesgo para la vida de los oficiales asignados a dicha labor, a los propios privados de libertad y sus vecinos y visitantes en caso de que se presentara algún incidente, así como para cualquier particular en los alrededores”.
Varios oficiales de la Fuerza Pública acudieron a un edificio de condominios en La Sabana, San José, donde irían a vivir los mexicanos, para realizar una revisión del inmueble.
En el sitio, la administradora del condominio prefirió no referirse al tema.