La Fiscalía de Fraudes investiga el robo de 40 contenedores de teca en finca La Irma, en las Juntas de Abangares. El abogado Rodrigo Rosales representa a los gringos dueños de la madera robada. Fotografía: Hulda Miranda
El paradero de 1.900 árboles de teca (unos 40 contenedores) que fueron robados de una finca en Guanacaste, y que pertenecen a una firma estadounidense, es un misterio para la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
En el otro lado de la acerca, sin embargo, están los representantes de los dueños, que aseguran que la madera fue llevada hasta Panamá, burlando los controles de las autoridades costarricenses.
El robo de los árboles ocurrió en noviembre pasado, en el sector conocido como Pajarillos, en La Irma de Abangares. El saqueo fue detectado por los propietarios el 27 de ese mes.
Ese día, luego de recibir la denuncia, la Fiscalía de Cañas solicitó al Sistema Nacional de Aéreas de Conservación (Sinac) que realizara una inspección en esa zona.
Los funcionarios delegados detectaron que se habían talado 2.095 árboles, de los cuales 195 aún se encontraban en el sitio.
Además, estimaron que, con la cantidad de árboles sustraídos (1.900), se podrían llenar alrededor de 38 contenedores.
El día de la revisión, la Fiscalía decomisó un contenedor.
Rodrigo Rosales, abogado de la compañía Big Heart LLC Limitada, dueña de la finca, explicó que el cargamento sustraído tiene un valor de unos $250.000.
“Vea la mafia que es, pues para esto se requiere maquinaria especial, tractores, furgones y, además, un gran recurso humano”, manifestó Rosales.
El abogado indicó que los propietarios hicieron un seguimiento al cargamento y determinaron que este fue enviado a Panamá, de forma ilegal, por puerto Caldera.
Aseguró, además, que a ese país llegaron 44 contenedores con teca, de iguales características a la que fue robada aquí.
Sin embargo, la Fiscalía de Fraudes, la cual asumió el caso, comunicó que no existen elementos suficientes para determinar que sea la misma madera.
Seguimiento. Según la Fiscalía, sobre el destino de los árboles se sabe que fueron llevados hasta Caldera.
No obstante, según señaló la entidad, “al tratar de reconstruir el camino de esa madera hasta que fue cargada en puerto Caldera, se notan deficientes controles que imposibilitan tener elementos para sostener, con grado de probabilidad, la identidad de la madera”.
En el expediente de este caso hay una copia de un poder especial que, supuestamente, los dueños de la finca le dieron a un paraguayo.
Además, se tiene un documento de compra y venta en el que ese extranjero la vende a un costarricense de apellido Castro.
Rosales apuntó a que todos esos documentos son falsificados.
La Fiscalía también indaga el uso de documentos falsos en esta causa.
La Nación intentó hablar con el supuesto comprador, pero no respondió en los teléfonos que están vinculados a su nombre.
Entre tanto, Rosales lamentó la atención que se le ha dado al caso. “Tenemos los elementos para decir que hay probabilidad de que es la misma madera, pero no se hace nada. Nos quejamos de la inversión del dinero sucio, pero no le damos respaldo al inversionista honesto”, expresó el abogado.