07-01-2013. Hora: 09:50 a.m. El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, expone ante la Corte Plena en San José las razones que sustentan una petición para darle rango constitucional al Ministerio Público. En la foto, escuchan al fiscal los magistrados Eva Camacho (izquierda), Jesús Ramírez y Magda Pereira. Fotos: Mayela López (Mayela_Lopez)
Insistente. Así se mostró ayer el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, cuando reiteró ante la Corte Plena la necesidad de que el Ministerio Público alcance una desconcentración administrativa máxima del Poder Judicial.
Para ilustrar el porqué de su posición, Chavarría señaló cuatro proyectos que, según él, no progresaron por el “entrabamiento burocrático” que existe en la entidad.
El primero de ellos es la reorganización del Ministerio Público.
“Ya estoy entrando a mi tercer año y no he podido hacer las reformas que hay que hacer, a pesar de que la Corte lo había aprobado. A veces resolvemos por la interrelación personal (con los jefes administrativos)”, señaló el jerarca.
Como segundo ejemplo, el fiscal recordó la imposibilidad de comprar unas propiedades, aun cuando la Corte acordó que se aplicara un bono de ¢800 millones para ese fin. “Usamos seis meses, reservamos una propiedad en San José y ha sido imposible llevar esto adelante en el departamento de Ingeniería”, afirmó Chavarría.
Posteriormente, apuntó a que la Fiscalía de Desamparados ha intentado, sin éxito, alquilar un edificio desde hace dos años.
Asimismo, resaltó que la administración compró casi 1.000 computadoras de escritorio, pero que el Ministerio había solicitado que 600 fueran portátiles.
“Son temas de estructuración que tienen que ver directamente con la función. El Poder Judicial se ha convertido en un monstruo administrativo con unas 12.000 personas y unas unidades administrativas que obedecen al paradigma e intereses de la Corte, y no necesariamente del Ministerio Público”, agregó Chavarría.
El fiscal formuló ayer esas ideas, al continuar una exposición que se inició la semana pasada sobre una propuesta de reforma constitucional planteada por la Corte Plena. Ese proyecto otorga rango constitucional al Ministerio Público, sobre lo cual la mayoría de los magistrados se ha mostrado a favor.
Opciones. Esta vez, a diferencia del lunes anterior, las inquietudes del fiscal agitaron menos a la Corte Plena. Incluso, algunos magistrados sugirieron alternativas a la petición de Chavarría.
Por ejemplo, el magistrado de la Sala Segunda, Rolando Vega, dijo que el cambio podría ser a nivel de ley orgánica y no constitucional.
Por su parte, el magistrado de la Sala IV, Fernando Castillo, avaló que el Ministerio Público tenga cierto grado de independencia y recomendó la figura de personificación presupuestaria. “Con esa figura, los órganos adscritos pueden tener sus propias cuentas corrientes, manejar su propio presupuesto, tener las propiedades a su nombre...”, explicó Castillo y generó la aprobación por parte de Chavarría.
La Corte Plena discutirá el tema el próximo lunes.