Se conocieron mientras ambos estudiaban en la extinta Unión Soviética (URSS), se enamoraron, se casaron en una ceremonia civil en Ucrania y emprendieron el regreso hacia Costa Rica, donde convivieron ocho años.
Esta es la historia de una mujer de apellido Villalobos, quien aseguró ayer, entre lágrimas, que siempre tuvo el temor de que Azzeddine El Amine, marroquí arrestado en el aeropuerto de Barajas, Madrid, el viernes anterior, se metiera en problemas serios.
El marroquí fue aprehendido junto con el ucraniano Arthur Budovsky Belanchuk, de 39 años, quien fundó la empresa Liberty Reserve y a quien EE. UU. acusa de cometer el mayor lavado de dinero en el orbe, $6.000 millones, por medio de Internet.
“Me casé muy joven por amor con él mientras estudiaba en la Unión Soviética. Nuestra unión fue por amor, nunca por conveniencia o interés”, expresó la profesional, quien solicitó que no se revelara su identidad completa.
La pareja se divorció en el año 1995, por lo que Villalobos aseguró que desconocía si este estaba en Costa Rica, ya que no había vuelto a saber nada de él.
En la Unión Soviética vivieron con una beca de ese país. Villalobos sí logró finalizar sus estudios universitarios, pero el extranjero no, por lo que fue en la Universidad Nacional (UNA) en Heredia donde concluyó su carrera en Ingeniería Informática, comentó un hermano de Villalobos.
Otros investigados. En este caso, además de Azzeddine El Amine, aparecen vinculados con la empresa Liberty Reserve, y naturalizados, el hondureño Kelsin Antonio Varela Figueroa y el ucraniano Arthur Budovsky Belanchuk.
Estos hombres se casaron con costarricenses, confirmó ayer Rodrigo Fallas Vargas, oficial mayor civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Budovsky se casó con una vendedora de empanadas que laboraba fuera de las oficinas de Migración y Extranjería hace cinco años, a quien le pagaron ¢200.000 para concretar esa unión.
Un marroquí más, identificado como Ahmed Yassine Abdelghani, obtuvo su naturalización luego de que cumplió con los requisitos de vivir en el país por un periodo de siete años, más pruebas de español y otros idiomas.