EscucharEl exdiputado socialcristiano Rigoberto Abarca Rojas (1998-2002) salió del país un día antes de que el Tribunal de Juicio de San Carlos girase una orden de captura en su contra , el 18 de diciembre pasado.
Abarca fue condenado a cinco años de prisión por ese mismo Tribunal, el 9 de febrero del 2009, al hallarlo culpable de usar fondos públicos para la compra irregular de una finca.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución N.° 2012-001944, dada a conocer el 14 de diciembre pasado, declaró sin lugar un recurso de casación y condenó a Abarca por el delito de peculado en perjuicio del Estado y de la Asociación de Vivienda San Juan.
El exlegislador salió el 17 de diciembre por el puesto fronterizo de Los Chiles, según registros de Migración y Extranjería, entidad que señaló que contra él no pesa ningún impedimento de salida del país.
Abarca confirmó en una carta, enviada a este medio el 25 de diciembre, que estaba en Nicaragua. En el documento indicó que fue a “arreglar” algunos asuntos a ese país y a traer unas escrituras de un abogado de allá. Aseguró que desde hace 15 años tiene algunos negocios en ese país.
“Estando ahí en Nicaragua, me llaman mis familiares y me comunican que ya habían girado la orden de detención, pero aquí estoy esperando la notificación para hacerme presente en el momento que me lo indiquen, y para seguir haciéndole frente a esta persecución política y defendiéndome ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agrega la carta.
Búsqueda. Gerald Campos, jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Carlos, confirmó que están desarrollando labores de inteligencia para localizar el paradero del exlegislador y detenerlo.
El OIJ lo ha buscado en Florencia de San Carlos, donde él vive, así como en la zona fronteriza con Nicaragua, donde tiene una finca en Tamborcito de Sarapiquí.
Sin embargo, dos semanas después de que se conoció el fallo de casación, Abarca aún no ha sido presentado ante el Tribunal.
Por su parte, la Policía Internacional (Interpol) señaló ayer que no existe ninguna orden de detención fuera de Costa Rica.
Ayer, no fue posible consultar al Poder Judicial si ya se había notificado a Rigoberto Abarca sobre la resolución de la Sala Tercera.
El exdiputado aseguró en su carta que al 25 de diciembre ni él ni sus dos abogados habían sido notificados de la resolución.
Compra de finca. Este caso está relacionado con la compra de una finca en Boca Arenal de San Carlos, que la Asociación de Vivienda San Juan, presidida por Víctor Blandón, hizo a Ramón Fernández, en ese momento asesor del diputado Abarca, en mayo del 2000.
Cuatro meses antes, Fernández se la había comprado a la Sociedad Arbolitos de Oro, que en ese entonces presidía Rigoberto Abarca.
Un año antes (1999), Abarca había gestionado la partida de ¢45 millones con la que se financió la compra de dicho inmueble.
Estos hechos habían sido juzgados en el Tribunal de San Carlos en octubre del 2003, por el delito de negociaciones incompatibles. Abarca fue condenado a tres años de prisión el 16 de mayo de ese año.
No obstante, este primer juicio fue anulado por la Sala Tercera en mayo del 2007, por lo que los magistrados ordenaron realizar un nuevo debate que se llevó a cabo en febrero del 2009 y que culminó con la condena de cinco años de cárcel al exlegislador por el delito de administración fraudulenta.
Abarca llevó el caso a Casación, pero los magistrados ratificaron la condena de cinco años de prisión.
Sin embargo, recalificaron el delito y señalaron que Abarca era culpable del delito de peculado.
“Por este delito (el de peculado) tampoco fui acusado ni tuve la oportunidad de defenderme”, dice Abarca en la carta.
Otros condenados. La Sala Tercera también condenó por los mismos hechos a Víctor Blandón, expresidente de la citada asociación, a cinco años de cárcel .
De él, se desconoce si ya fue detenido, pues el OIJ no tiene ninguna orden de captura en su contra, confirmaron ayer fuentes de ese cuerpo policial.
Migración y Extranjería confirmó que contra Blandón existe un impedimento de salida del país por orden de la Fiscalía de San Carlos. En tanto, Ramón Fernández, exasesor de Abarca, resultó condenado a tres años de prisión.
Sin embargo, se le concedió el beneficio de suspensión de la pena por un periodo de prueba de cinco años.
