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A eso de las 8:55 a.m. de hoy un gran número de agentes ingresaron al centro penitenciario de Pérez Zeledón, donde detuvieron a la directora Yamileth Valverde G. Inmediatamente fue traslada hasta su casa de habitación en Villa Ligia de Pérez Zeledón , a unos 4 kilómetros del centro penal. Como a las 12 mediodía fue sacada de su casa con un gran dispositivo de seguridad.
La directora de la cárcel de Pérez Zeledón, de apellido Valverde (45 años), supuestamente dirigía una red que cobraba dinero a los reclusos o sus familiares a cambio de conceder beneficios carcelarios.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvo a Valverde, ayer en la mañana, en la cárcel de Pérez Zeledón; otros cuatro funcionarios que integran el grupo todavía son investigados.
Los privilegios consistirían en trasladar a los reclusos de celdas cerradas a ámbitos abiertos, o permitirles salir de la cárcel de día y regresar de noche al centro.
Los agentes judiciales realizaron seis allanamientos en las cárceles de Pérez Zeledón, Cartago y La Reforma, donde había expedientes de casos relacionados.
Además, ingresaron a la casa de la imputada en Pérez Zeledón, y a un centro semiinstitucional en Goicoechea, San José.
Hernando París, ministro de Justicia, dijo: “Nuestra prioridad es que la investigación judicial tenga éxito; no se tomará ninguna medida administrativa contra la funcionaria, por ahora”.
El sujeto, de 63 años, fue sentenciado por narcotráfico a cinco años y seis meses en julio del 2007, pero obtuvo la libertad en marzo del 2010.
Desde ese momento, el reo pernoctaba unas dos veces por semana en un centro de confianza, hasta que finalmente ayer cumplió su condena con descuento. El mismo individuo fue quien denunció a Valverde por, presuntamente, haberle cobrado el dinero para recomendar su libertad.
Cubillo aseguró que existen unas 10 denuncias más de presidiarios a quienes se les habría pedido pagar para otorgarles beneficios.
Valverde es investigada por el delito de concusión, que sanciona con pena de dos a ocho años de cárcel al funcionario que, abusando del cargo, obligare a alguien a dar indebidamente un bien o un beneficio patrimonial.
Según registros del Poder Judicial, Valverde se ha desempeñado en varias ocasiones como jueza de ejecución de la pena. Este año, laboró interinamente en Alajuela, Cartago y Puntarenas. El último nombramiento fue del 5 al 20 de setiembre en Alajuela.
Los jueces de ejecución de la pena se encargan de controlar la legalidad de la administración penitenciaria, regular las medidas de seguridad impuestas a los reos, así como otorgarles la libertad condicional.
La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer eliminar a Valverde de la lista de jueces elegibles y suplentes hasta que se resuelva su situación jurídica.
