Las condiciones del tiempo cada día son mejores, sin embargo, la presencia aún de lluvias en el Pacífico mantiene 27 comunidades aisladas y a 987 personas distribuidas en 35 albergues.
La información fue brindada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en un corte realizado al mediodía de este domingo para conocer las consecuencias que aún persisten en Costa Rica como parte del efecto indirecto del ciclón Eta.
Según indicó Lidier Esquivel, jefe de La Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, la mayor afectación en este momento es en la zona de Los Santos, en la Península de Nicoya, en Parrita y en Quepos.
Al mismo tiempo, indicó que la alerta roja se mantiene para ocho cantones: Hojancha, Nandayure, Nicoya, Quepos, Parrita, Coto Brus, Corredores y Golfito. Sobre todo porque, pese a que las condiciones mejoran, aún existe posibilidad de deslizamientos.
Sobre los trabajos que se han realizado para volver lo más pronto posible a la normalidad, destacó que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ya restauró todos sus servicios a lo largo y ancho del país.
Asimismo, Acueductos y Alcantarillados (AyA) trabaja para reparar el sistema de agua potable en Coto Brus, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) buscan recuperar lo más pronto posible las vías nacionales que se vieron afectadas por el paso del huracán.
Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, visitó la zona de El Progreso, en Sabalito de Coto Brus, para conocer de primera mano la afectación en esta zona, una de las más dañadas por las inundaciones.
Según dijo en un video enviado por la CNE, el mayor deterioro lo sufrió la infraestructura. “Los caminos se vieron afectados, los puentes también”, dijo.
Pero, otro punto importante al que, prometió, buscarán una pronta solución es a la pérdida tanto de viviendas de los lugareños, como a la pérdida de producción, principalmente cafetalera.
Aseguró que ya está en coordinación con la municipalidad local, con la CNE y con la Asamblea Legislativa para “traer respuestas concretas”.