Cerca de 100 familias “urbanizan” unos terrenos considerados como no aptos para construir, sin permiso de la Municipalidad de La Unión de Cartago.
Se trata de un acelerado desarrollo habitacional que arrancó hace tres años, en calle Girales, en San Diego de La Unión, Cartago, al pie del cerro La Carpintera y, desde el cual, se cuenta con una excelente vista hacia gran parte del Valle Central.
Julio Madrigal Mora, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), al concluir en mayo pasado un recorrido por la zona, advirtió de que “se ve que la gente ha iniciado un proceso de terraceo inadecuado, donde uno se queda con la boca abierta, pues hay cortes y rellenos en terrenos muy pequeños, donde no hay capacidad de evacuar las aguas naturales (...) , además, se está gestando una condición de vulnerabilidad alta por lluvias para la partes bajas”.
La alcaldesa de La Unión, Lydia Garita Rodríguez, manifestó que se han identificado tres asentamientos ilegales que, según alegó, no han podido frenar porque se encuentran en fincas privadas.
“Contratamos un abogado para que analice el tema legal. Se puso una denuncia en el Tribunal Ambiental, pero los casos no caminan a la velocidad con que avanza la construcción de casas. No descartamos otras opciones que podría ser la demolición y, llevar esto ante el Ministerio Público”, argumentó la funcionaria.
Desarrollo. La primera alerta sobre una situación anormal la tuvo el gobierno local de La Unión en el 2012, cuando observaron construcciones en una zona denominada de amortiguamiento (no apta para construcciones), que se ubica entre el área protegida de La Carpintera y las comunidades de Santiago del Monte y calle Girales.
La alcaldesa Garita explicó lo siguiente: “Fueron personas inescrupulosas que comenzaron a vender derechos de dos fincas particulares. Esos derechos son lotes sin escrituras, tienen diferentes tamaños, están en un terreno de ladera, donde el municipio no otorga permiso para las construcción por ser de alto riesgo”.
Garita agregó que de manera oportuna se notificó a las personas interesadas sobre la ilegalidad de sus acciones, pero no se pudo interrumpir el proceso de “terraceo y construcciones de casas”.
Según la alcaldesa, tienen identificada a una persona que se dedica a vender los derechos.
“No puede dar escrituras porque esas fincas no se pueden dividir. También, nos hemos encontrado con una tala espantosa y como el Minae había cercado, lo que están haciendo es quemando las tucas para que no queden evidencias. Esa es una zona que no se puede talar”, afirmó Garita.
Los lotes los venden, según tamaño, entre los ¢6 millones y los ¢20 millones.
Lydia Garita dijo que las personas que compran los derechos inician la construcción al tiempo que obtienen los servicios como la electricidad y el agua.
“La Municipalidad no les da el agua. Ellos la traen de unas nacientes de ahí mismo en La Carpintera”, explicó.
Para la alcaldesa, este desarrollo ilegal tiene una armazón bien planificada, que podría hasta ser delito. Por esa razón, el asunto se podría llevar a la Fiscalía.
El geólogo Blas Sánchez Ureña, también de la CNE, en un informe del 9 de mayo pasado, el cual tiene la Municipalidad de La Unión, determinó que el terreno en calle Girales “no posee condiciones aptas para la construcción de viviendas o el establecimiento de asentamientos humanos”.
Pide al Ayuntamiento evaluar la posibilidad de reubicar a la mayor brevedad a las personas que ocupan los terrenos inestables.