Un policía municipal, de apellidos Córdoba Núñez, afrontará a partir del próximo martes 18 de agosto un juicio como sospechoso de matar a su compañera sentimental.
Así lo confirmó este jueves la Fiscalía de Adjunta de Santa Cruz, Guanacaste, que detalló que al sujeto se le señala como el presunto responsable del asesinato de Deire Odalia Ramírez Barrantes, de 23 años.
Según el Ministerio Público, la joven fue vista por última vez al mediodía del 18 de noviembre del 2018 en tierras santacruceñas, donde vivía, por lo que su familia interpuso una denuncia por desaparición 24 horas después.
Aparentemente, el día de su desaparición, la pareja tuvo una discusión, por lo que las autoridades llegaron a la conclusión de que Córdoba la asesinó.
Sin embargo, un año y nueve meses después de que Ramírez fue vista por última vez, su cuerpo sigue sin aparecer, pese a todas las diligencias enfocadas a encontrarlo.
Desde el 12 febrero del 2019, Córdoba Núñez descuenta prisión preventiva, ya que ese día se presentó a la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y dijo estar anuente a colaborar con las autoridades.
En ese momento, se le detuvo, ya que fue catalogado el principal sospechoso de la desaparición y se abrió una investigación dentro del expediente 18-001651-800-PE.
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Por el delito de homicidio, Córdoba Núñez se expone a una pena de entre 20 y 35 años , según el artículo 112 del Código Penal.
Ese apartado destaca que se impondrá esa pena “a quien mate a su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o concubinario, si han procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital, por lo menos durante los dos años anteriores a la perpetración del hecho”.
Odalia Ramírez no tenía hijos y trabajaba como cajera en una pulpería.
Desde su nacimiento, ha vivido en el cantón de Santa Cruz.
Para febrero del 2019, Córdoba estaba suspendido de su cargo, después de que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz consiguió que el Juzgado Penal de la zona ordenara el cese temporal de su cargo como oficial de la Policía Municipal.
Lo anterior, debido a una investigación paralela que se seguía en su contra por presuntos cobros ilegales que habría hecho o intentado hacer a al menos dos comerciantes de la zona.