OIJ: Empleada bancaria suministró información clave para secuestro extorsivo

Mujer y otras cinco personas fueron detenidas, este miércoles, como sospechosas de integrar banda que retuvo a allegado de empresario en setiembre pasado

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Una empleada bancaria figura entre las seis personas detenidas, este miércoles, como sospechosas de integrar una banda que secuestró, en setiembre pasado, al cuñado de un empresario con fines extorsivos.

Al parecer, esta funcionaria, de apellidos Rodríguez Serrano y de 19 años de edad, y otras dos mujeres capturadas tuvieron la tarea de recabar información sobre la víctima.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que los datos recolectados por ellas eran entregados a otros seis supuestos miembros de la banda.

Tres de estos sujetos figuran entre los detenidos de este miércoles. Los otros tres ya habían sido aprehendidos por otro caso de secuestro.

Las capturas se realizaron durante el allanamiento de seis viviendas ubicadas en las localidades de La Lima, Paraíso, San Nicolás y Tres Ríos, en la provincia de Cartago.

El caso

De acuerdo con la investigación policial, una disputa contractual entre un integrante de la banda y un empresario dedicado a la construcción sería el móvil principal del secuestro extorsivo.

Geovanny Rodríguez, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, explicó que la banda aprovechó los servicios de la empleada de banco público para recabar información sobre una transacción que el contratista iba a recibir.

Rodríguez Serrano habría utilizado su posición dentro de la entidad financiera para acceder a estos datos. Así quedó registrado en los sistemas de control de la institución.

El pasado 6 de setiembre, los sospechosos llegaron a la casa del empresario, ubicada en San Antonio de Belén, con la intención de secuestrarlo para exigir a sus familiares el pago de ¢54 millones como rescate.

Las tres mujeres que integraban la banda se vistieron con el uniforme de una compañía telefónica y llegaron a la vivienda a preguntar por la víctima.

Mientras esto ocurría, los otros seis individuos esperaban en, al menos, dos vehículos, en las inmediaciones de la propiedad.

Sin embargo, las sospechosas se percataron de que el empresario no se encontraba en su residencia pero que un cuñado se encontraba en el sitio.

Las mujeres informaron a sus cómplices y entre los nueve decidieron secuestrar al allegado del contratista.

Posteriormente, los secuestradores llamaron a la familia de la víctima para exigir el pago pero, en ese momento, se percataron de que la transferencia bancaria en favor del empresario no se había concretado.

Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron un operativo con la intención de dar con la banda.

Se presume que, producto de la acción policial, ese mismo día el grupo decidió liberar a su presa, sin que mediara pago alguno. El hombre fue dejado, a eso de las 9 p. m., en el parque Central de San José.

La banda

Además de Rodríguez Serrano, las autoridades detuvieron, esta mañana, a cinco personas más.

Se trata de dos mujeres de apellidos Solano Chaves, de 22 años, y Aguilar Mata, de 27. Por su parte, los tres hombres responden a los apellidos Valverde Cerdas (21), Calderón Prieto (21) y Acuña Redondo (31).

Según el OIJ, ninguno cuenta con antecedentes.

Otros tres sujetos que participaron en este hecho ya habían sido arrestados, el pasado 5 de octubre, como sospechosos de participar en el secuestro de una comerciante de origen oriental. Entre ellos, figura un hombre de apellidos Aguilar Mata.

Durante los allanamientos de este miércoles, la Policía Judicial decomisó evidencia importante, entre la que destaca los uniformes falsos utilizados por las sospechosas.

El artículo 215, del Código Penal de Costa Rica, establece una pena, de hasta 20 años, a quien secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, político-sociales, religiosos o raciales.

“Si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente dentro de los tres días posteriores a la comisión del hecho, sin que le ocurra daño alguno y sin que los secuestradores hayan obtenido su propósito, la pena será de seis a diez años de prisión”, indica la norma.