Carlos Arguedas C., Eillyn Jiménez B., Marco Marín. 21 noviembre, 2018
Los agentes judiciales realizaron varios allanamientos este miércoles, uno de ellos fue en San Ramón, donde se detuvo a una pareja. Foto: Cortesía
Los agentes judiciales realizaron varios allanamientos este miércoles, uno de ellos fue en San Ramón, donde se detuvo a una pareja. Foto: Cortesía

Una banda de narcotraficantes, dedicados a producir marihuana hidropónica, ordenó decapitar a uno de sus socios por disputas internas.

Esa es la hipótesis principal que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el móvil que ocasionó el asesinato de Diego Fernando García Lemus, de 42 años.

Su cuerpo apareció el 28 de abril pasado a un lado de la carretera en Santiago de San Ramón de Alajuela.

Este hombre, de nacionalidad colombiana, con 10 años de residir en el país y quien se identificaba como empresario dedicado a la venta de ropa y dueño de talleres, también era miembro de la organización delictiva. De momento, se desconoce qué provocó el enfrentamiento con sus antiguos socios.

Según la Policía Judicial, este grupo producía marihuana de una manera controlada, en laboratorios ubicados en San Ramón, Barranca de Puntarenas, Paracito de Moravia y tuvo uno en La Fortuna de San Carlos.

La banda, que se presume tiene varios años de operar en el país, también se dedicaba a otras actividades ilícitas, como el envío de cocaína a Estados Unidos y México, a recibir dólares procedentes de norteamérica y enviarlos a Colombia. Y no se descarta que además se encargara de legitimar dinero.

Pablo Calvo Salas, jefe del OIJ de San Ramón y desde donde se dirigió la investigación, dijo que estos datos los lograron recabar en solo siete meses, desde que ocurrió el asesinato.

“Dentro de la investigación tenemos que se dedican a construir e instalar laboratorios hidropónicos. Aparentemente, legitimaban capitales y se dedican al trasiego de psicotrópicos, propiamente cocaína” afirmó.

Golpe a banda

Precisamente, este miércoles, en siete allanamientos, se detuvo a seis personas a las cuales se les atribuye formar parte de la organización.

Se trata de dos colombianos de apellidos Londoño Mejía, de 35 años y Muñoz Madrigal, de 48 años. Además, se arrestó a una mujer costarricense apellidada Flores Guevara, de 27 (compañera sentimental de Londoño) y otros tres hombres también costarricenses de apellidos Zúñiga Quirós, de 25, Vargas Hurtado, 31, y Lewin Ramírez, de 47.

Las capturas se hicieron en San Ramón de Alajuela, Barranca de Puntarenas, Los Sitios de Moravia y Zetillal de Goicoechea.

Según los datos policiales, el hecho que desencadena esta investigación fue el secuestro y posterior asesinato de Diego Fernando García Lemus.

(Video) OIJ detiene a sospechosos del crimen de un colombiano en San Ramón

Este hombre fue secuestrado el 26 de abril pasado cuando varios individuos se lo llevaron por la fuerza cuando llegó a su casa, detrás del edificio de los tribunales, en Montelimar de Goicoechea, San José.

García permaneció retenido en una quinta en La Cima de San Ramón. Se trata de una propiedad con cuatro edificaciones, cuya casa principal fue acondicionada para tener un laboratorio de marihuana. En ese lugar, informó el OIJ, fue donde decapitaron a la víctima.

Pablo Calvo dijo que mientras el extranjero estuvo secuestrado, los captores llamaron a la familia de García Lemus en Cali, Colombia, y le pidieron $2 millones como rescate.

“Fue algo adicional. Tratan de hacer creer de que era un secuestro extorsivo pero tenían otras intenciones. Él (García) posiblemente aquí tenía la posibilidad de pagar la suma, pero la familia (en Colombia) es de clase media. Son personas trabajadoras y no tenían la posibilidad de alcanzar ese monto”, dijo Pablo Calvo.

Los agentes judiciales corrobararon que los parientes pagaron $14.000 (¢8 millones, aproximadamente) a los secuestradores.

Sin embargo, el 28 de abril García aparece decapitado. El cuerpo, además, tenía heridas punzocortantes en la cabeza, rostro y extremidades inferiores.

La organización desarticulada tenía personas asignadas a labores específicas.
La organización desarticulada tenía personas asignadas a labores específicas.

Como parte de las investigaciones, el 9 de mayo pasado se allanó la casa en La Cima de San Ramón. En aquella ocasión se detuvo en el lugar a Zúñiga Quirós, a quien le dictaron seis prisión preventiva que vencieron el 9 de noviembre, razón por la cual estaba en libertad.

Pablo Calvo manifestó que en aquella ocasión se determinó que en La Cima funcionaba un laboratorio. La quinta es propiedad de una ciudadana estadounidense, que la alquiló a un colombiano que a su vez se la entregó a la organización. “Esa persona vino al país alquiló la casa y volvió a salir” relató Calvo.

Métodos similares usaron para rentar otras propiedades. El jefe policial citó que, por ejemplo, la quinta en Barranca tiene cuatro construcciones y una extensión de 3.000 metros cuadrados.

“En el laboratorio en Paracito de Moravia encontramos 200 matas de marihuana, dos kilos de droga ya procesada y en Barranca 100 matas de más de dos metros de alto”, explicó.

Entre tanto, el Ministerio Público comunicó que cada miembro de la banda se encargaba de diferentes tareas dentro de la organización.

Durante las diligencias de este miércoles se decomisaron armas de fuego, celulares y un carro.

El caso se mantiene en investigación bajo el expediente 18-000641-068-PE, pues no se descartan mas detenciones.

Los agentes judiciales encontraron un laboratorio de marihuana hidropónica en uno de los allanamientos. Foto: OIJ para LN
Los agentes judiciales encontraron un laboratorio de marihuana hidropónica en uno de los allanamientos. Foto: OIJ para LN