La política de liberación de presos surgida entre el 2015 y el 2016, así como el aumento en el trasiego de drogas por territorio nacional, serían dos de los factores que habrían incidido en un aumento sostenido de homicidios, durante los últimos cinco años.
“Aunque es un dato que no es verificable, el tema relacionado con la liberación de los presos pudo haber incidido en el aumento”, dijo Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una reciente comparecencia ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Asamblea Legislativa.
Si bien desde el 2012 hasta la actualidad, la cifra de muertes violentas viene en ascenso, a partir del 2015 se alcanzaron cifras de dos dígitos en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que es considerado como epidemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el 2015 se registraron 578 asesinatos, para una tasa del 11,5 y, desde entonces, no se ha podido revertir la tendencia. Al cierre del 2017, esa cifra llegó a 12 víctimas por cada 100 mil habitantes y se proyecta que para este año sea del 12,4.
Para bajar el hacinamiento carcelario, en varias ocasiones, el Instituto Nacional de Criminología (INC), del Ministerio de Justicia, recomendó la salida de reos al régimen semiinstitucional y las peticiones fueron acogidas por jueces de los Juzgado de Ejecución de la Pena, quienes al final fueron los que ordenaron la liberación.
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Por ejemplo, el 5 de abril del 2015, en cumplimiento con una resolución que el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela había emitido un mes antes, se ordenó egresar a 380 presos en un plazo de dos meses.
En total, 570 privados de libertad fueron movilizados a regímenes semiabiertos, lo que les permite estar libres varios días y dormir otros en centros de confianza. A ellos se suma otro grupo de 528 personas que actualmente portan tobilleras de monitoreo electrónico y están en libertad bajo ciertas condiciones.
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El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, dijo que la administración actual tiene mucho cuidado a la hora de otorgar algún beneficio y se coordina entre los cuerpos policiales y el Ministerio de Justicia para evitar que privados de libertad de alto perfil queden libres antes de purgar sus condenas.
Para Espinoza, director del OIJ, el Estado hace un esfuerzo importante en materia policial por tratar de contener los asesinatos; sin embargo, asegura que “el embate de las organizaciones criminales es fuerte y responde a intereses económicos que superan las expectativas de cualquier empresa comercial lícita y que además, no tienen las trabas que tienen los sistemas del sector público”.
Al mismo tiempo, insistió que se debe trabajar fuerte en generar empleos y mejores condiciones de educación y valores, pues la mayoría de quienes cometen los hechos criminales son jóvenes entre los 18 y 28 años y viven en zonas de vulneabilidad.
Penetración del narco en regiones conlleva asesinatos
Él agregó que existe una relación directa entre regiones donde más se vende drogas y la cantidad de homicidios que se ejecutan.
Espinoza admite que el problema más grave lo genera la venta y consumo de crack, cocaína y marihuana.
A manera de ejemplo, recordó que en algunos sitios de Alajuela donde se vende droga han encontrado homicidios impresionantes, como el de una modelo y su compañero cuyos cuerpos aparecieron a la orilla de un río en Orotina.
“El aumento en el consumo de crack en nuestra población, sobre todo en las áreas centrales del país, tiene que ver con el aumento de homicidios, porque genera mucha demanda y provoca enfrentamientos por la oferta”, dijo.
Con él coincide el ministro de Seguridad, aunque sostiene que los ajustes de cuentas por narco han bajado este año del 49% al 36%. Lo atribuye a avances importantes en esa línea, por ejemplo la desarticulación de bandas que pugnaban por territorios para la venta de drogas.
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Los asesinatos no solo surgen por ajustes de cuentas en la lucha de territorios, sino también cuando a lo interno de las organizaciones narcotraficantes, se roban drogas (tumbonazos) o cuando alguien no paga una deuda.
San José, Alajuela y la zona del Caribe son regiones donde el OIJ ha realizado este año más acciones en contra de grupos organizados que venden drogas.
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Homicidios no cesan
Hasta el 17 de agosto de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró 382 asesinatos, siete más que en el mismo periodo del año pasado. En 2017 se cerró con el récord histórico de 603 homicidios.
Las provincias que más vidas han cobrado en lo que va de este año son San José (115) Limón (78) y Alajuela (66). Le siguen Cartago (45), Puntarenas (41), Heredia (20) y Guanacaste (15).
Este año Cartago y Puntarenas muestra el mayor repunte en homicidios, mientras que Guanacaste y San José tienden a la baja y el resto de provincias están casi igual que el año pasado.
Entre el 1.° de enero y el 17 de agosto de este año en Cartago se reportaron 45 homicidios, mientras que en igual periodo, pero del año pasado, solo ocurrieron 28.
La mayoría de asesinatos en esta provincia se centran en el cantón de La Unión, donde la Policía ha identificado y detenido grupos que se disputan territorios por drogas. Por ejemplo, el 17 de agosto, en la plaza de Río Azul, acribillaron a un hombre de apellidos Díaz Sevilla, de 26 años, quien tenía antecedentes por drogas.
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En Puntarenas por su parte, en lo que va del hay que reportaron 41 asesinatos, contra 26 del año pasado.
En San José ocurre lo contrario, y la tendencia es a la baja, pues lleva 115 homicidios, mientras que para este fecha, pero hace un año, se contabilizaban 150 muertes violentas.
Casos múltiples al alza
Otro fenómeno que se está dando es un alza en los asesinatos múltiples. Entre el 1.° de enero y el 17 de agosto de este año, se han sido 29, con un saldo de 72 víctimas. Para ese mismo periodo pero del 2017, esa cifra fue de 23, para un total de 55 personas fallecidas, es decir, que hubo un alza del 26%. Así se refleja en las estadísticas del OIJ.
Hasta ahora, julio es el mes con más asesinatos múltiples. Tuvo cuatro casos triples en Barrio Envaco de Limón, Santa Rita de Orotina, Cariari de Pococí y barrio Roosevelt de Limón; y dos dobles, Pococí y La Unión.
El caso de homicidio múltiple más reciente ocurrió este 23 de agosto en San Cristobal sur, en el cantón de Desamparados, San José. Dos hombres fueron hallados con múltiples disparos, atados y amordazados dentro de la cajuela de un carro en un camino rural.
Colaboró el periodista Marco Marín.