EscucharSan José (Redacción). El Ministerio de Justicia colocará este año nuevos bloqueadores de señal celular en el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Fernando Ferraro, ministro de Justicia, dijo que cuenta con una partida presupuestaria de $1 millón (unos ¢500 millones), proveniente del porcentaje del impuesto a personas jurídicas destinado a infraestructura de Adaptación Social.
Según el jerarca, la opción más viable para adquirir los equipos es la realización de un concurso público para contratar a una empresa que se encargue de la asesoría técnica, la instalación y el mantenimiento de los bloqueadores.
La idea es que los equipos lleguen a las instalaciones carcelarias antes de mediados de año.
El ministerio buscó la asesoría de especialistas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense (Racsa) y los operadores móviles Claro y Movistar, con el fin de analizar opciones para evitar que los privados de libertad puedan hacer llamadas desde teléfonos móviles.
“En una cárcel debe bloquearse la instalación completa, no tiene sentido que funcione en determinadas partes y en otras no. No es cosa de instalar bloqueadores individuales en distintas partes del edificio”, dijo Ferraro.
Sin embargo, los nuevos dispositivos se colocarán solo en los módulos de mínima y mediana seguridad, con más de 2.000 reos cada uno. El propósito es determinar si los equipos dan buen resultado para luego comprar otros para los demás sectores.
“Esos son los sectores donde tenemos más problemas. Pero de acuerdo a la ubicación que se elija, podría también afectar otras zonas (como máxima seguridad)”, explicó Reinaldo Villalobos, director de Adaptación Social.
Tan solo el año pasado, las autoridades carcelarias decomisaron 1.738 celulares y seis beepers , según datos brindados por Justicia.
Villalobos concuerda con el ministro Ferraro en la necesidad de continuar con medidas complementarias, como las requisas en las celdas y por medio de rayos “X” en la entrada de visitantes.
“Lo más importante es hacer conciencia de que el ingreso de celulares genera riesgos para la población penal, porque no todos los utilizan de manera adecuada, sino que los utilizan para cometer delitos”, aseguró Villalobos.
Agregó que quienes portan esos aparatos se ven expuestos a problemas de convivencia como riñas y asaltos dentro de la cárcel.
Equipos en mal estado. Aunque las instalaciones del centro penitenciario cuentan con dos bloqueadores de señal donados por empresarios, no funcionan desde hace dos años.
Ferraro explicó que se dañaron por efecto de la lluvia y el sol. Además, son obsoletos para bloquear las tecnologías GSM y 3G.
“Desgraciadamente, no se previó en aquel momento (que se fueran a dañar). Hay otras instalaciones que están a la intemperie y resisten bien, como las antenas de comunicación”, comentó.
Villalobos recuerda que esos dispositivos estaban valorados en miles de dólares, pero no precisó un monto aproximado.
La Contraloría General de la República no cuenta con un informe de auditoría al respecto. Según la vocera, Mariela Azofeifa, la entidad no fiscaliza temas operativos en materia de seguridad.
El ministro no reveló el nombre de las empresas donantes, pues indicó que parte del trato con esos proveedores era guardar de manera confidencial su identidad.
