Campesino pasó 36 años sin cédula por error registral

“Nací en Jiménez de Pococí, Limón, el 30 de setiembre de 1950. Mis papás eran inmigrantes. Fui bautizado en San Isidro de Pococí. En mayo de 1975 me dieron la cédula de identidad, pero se me extravió poco después.

”Fue cuando empecé un calvario porque cuando quise que me dieran una cédula nueva, me la negaron. No me daban razones. Me decían: ‘usted no aparece’.

”Yo me sentí desahuciado. Sin cédula no era nada, absolutamente nada. Existía por vivir, pero era un cero a la izquierda. ¿Comprende? Perdí muchos derechos, perdí la moral totalmente. Me desmoralicé por no poder meterme en la sociedad....”.

Con esas palabras describió Gerónimo Abarca Jirón, un campesino de 60 años, la “desgracia” de que el Registro Civil, por “un error”, lo desinscribiera del padrón. La desatención hizo que pasara 36 años sin cédula.

Tras varias gestiones, logró que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenara el 5 de mayo pasado restituirle el documento de identidad, que lo acredita como ciudadano costarricense.

Este caso no es el único pues en el país hay otras personas nacidas en suelo tico que tampoco tienen cédula.

De aquí para allá. Aunque Gerónimo Abarca se muestra alegre hoy, guarda resentimiento pues por algo que parece intrascendente la vida pasó y no pudo cumplir sus aspiraciones.

Este hombre de contextura delgada, alto, fuerte y de manos callosas dejó su familia y Guácimo al cumplir 14 años y empezó a deambular por el país. Estuvo en Cañas, Filadelfia, Liberia, la capital, Puerto Jiménez de Golfito, Limón centro y de nuevo volvió a Guácimo.

”Trabajé en agricultura, en bananeras, en comercio, en construcción y hasta intenté poner un puesto de ventas en Puerto Jiménez. Fue en el 75 cuando saqué la cédula, mientras vivía en San José, pero, para mi desgracia, un indigente que llegaba a dormir en la bomba donde trabajaba se la llevó”, contó Abarca, quien vive solo en una casa prestada por su patrón en El Edén de Guácimo, Limón.

”Siempre los patrones me pedían que les dijera quién era yo y me la jugaba con una fotocopia de la cédula, pero cuando me buscaban en registros, yo no aparecía. No duraba en los trabajos. Me tenían un mes y medio o dos. Era un problema porque no me podían pagar con cheque. No tenía cédula para ir al banco a cambiarlo. Trabajé en Constructora Belén, en Lara y Truque, en la bananera Cobal, con el Gobierno (dos meses en el período de Luis Alberto Monge en Zapote) y en Japdeva...”.

”Vea, le voy a ser sincero. Yo les mentía. Les decía que (la cédula) se me había extraviado, que el Registro Civil ahorita me la daba. Así me los llevaba, pero me dijeron: ‘lo vamos a sacar porque tanto tiempo y nunca trae ni colillas del Registro Civil’. ¡Entonces, para afuera! Perdí derechos laborales, seguro y solo tengo unas cuotas de la pensión.

”Usted me ve aquí campesino, pero, si yo hubiera tenido mi documento, no estaría aquí trabajando en el campo, estuviera con mi empresita y, por qué no, tal vez hubiera seguido estudiando.

”Terminé aquí en el campo. Me gusta la agricultura, tengo frijoles, maíz, ahí voy pasando, no es un trabajo forzado. El patrón no se mete conmigo, pero me hubiera gustado trabajar en una institución. Ahora, con 60 años, no puedo entrar a ningún lado. Con costos reciben a alguien con 40 años” .

Cuando Gerónimo Abarca recuerda algunas facetas de su vida sonríe, pero casi de inmediato deja entrever su desconfianza y un sentimiento de rencor por no haber cumplido sus metas.

Lamenta no poder legalizar su matrimonio religioso celebrado en 1983 con la mujer con quien convivió 21 años y procreó seis hijos.

“Me casé en una iglesia evangélica, en Nazareth de Liberia. El pastor, Andrés Rodríguez, se iba para Estados Unidos y quería dejarnos casados y que después nosotros lo legalizáramos por lo civil. Me dijo: ‘saque la cédula’, pero, ¿para qué iba a ir, si no me la daban? Ante Dios, soy casado. Me separé en el 2004. Me fui a buscar vida, pero uno indocumentado gana salarios muy bajos, hasta eso he tenido que aguantar...”.

Tras 36 años “sin ser nadie”, Abarca demandó al Estado el 16 de agosto, por $1,5 millones.