EscucharCinco funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS) fueron detenidos ayer por cometer, supuestamente, un fraude de ¢200 millones en perjuicio de la entidad mediante el dinero de pólizas de seguro para automóviles.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron cinco allanamientos a las viviendas de los sospechosos del delito de peculado.
Los operativos se realizaron en el centro de Heredia, en el distrito de San Francisco, en San Pedro de Barva y en Moravia.
Los detenidos son dos hombres de apellidos Abarca y Hernández, y tres mujeres, apellidadas Vargas, García y Montero.
Todos ellos tienen entre 23 y 45 años de edad.
El OIJ también señaló como sospechosa del fraude a una exfuncionaria del INS, de 25 años, apellidada García.
Ella tenía más de seis años de laborar, era asistente de seguros y fue despedida el 15 de febrero porque, al parecer, giró ilícitamente dinero a una cuenta de su esposo, de apellido Campos, de 28 años.
Pese a que las autoridades detendrían ayer a este matrimonio, no los localizaron, por lo que publicaron sus rostros para que, si alguien los identifica y sabe dónde están, dé aviso a la línea confidencial 800-8000-645.
La Policía decomisó en las viviendas de los sospechosos equipo electrónico y documentos relacionados con la pesquisa.
Por otra parte, los agentes secuestraron varia información en tres sedes del INS: en Heredia centro, Belén y San José.
¿Cómo operaban? De acuerdo con la investigación, que se inició hace una semana, los funcionarios trabajaban en una de las sedes del INS en Heredia.
Desde sus puestos, en el Departamento de Reclamos, aprovecharon que tenían acceso a claves, llamadas “superpoderosas”, con las que se pueden aceptar y tramitar asuntos.
Aparentemente, los sospechosos utilizaban expedientes de reclamos por pólizas sobre choques de vehículos que ya habían sido resueltos en años anteriores y los reactivaban con esas claves.
Según explicó el INS, ellos hacían reaperturas de la reserva de cada una de las pólizas para posteriormente efectuar el pago correspondiente y depositarlo a una cuenta mediante Sinpe.
Una entidad bancaria se dio cuenta de que a uno de sus clientes, el sujeto de apellido Campos, quien no labora para el INS, le estaba girando constantemente depósitos millonarios.
Algunas de las sumas ascendían a más de ¢4 millones. El banco alertó al INS de la situación desde el 2011, y en ese momento se abrió una investigación interna.
Hace una semana, el INS denunció el caso al OIJ para que se detuviera a los cinco funcionarios y al matrimonio. Al parecer, existen otras cuentas a las que también se giró dinero.
El artículo 354 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública reprime con prisión de tres a 12 años al funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.
