Las jornadas de Rocío Aguilar eran intensas. Desde primeras horas de la mañana coordinaba con su equipo temas de la implementación del IVA, financiamiento de la deuda pública, conversaba con inversionistas del proceso de la colocación de eurobonos, se reunía con el mandatario Carlos Alvarado, o lidiaba con las instituciones públicas renuentes a cumplir con la regla fiscal o aplicar los cambios en el cálculo de las remuneraciones.
Las horas parecían minutos. Sus días estaban cargados de mucho trabajo. Todo cambió el 23 de octubre. Ese día la funcionaria, repudiada por grupos sindicales y respaldada por sectores con años de clamar cambios, renunció al cargo.
Su decisión se materializó, luego de que la Contraloría General de la República recomendara al Presidente suspenderla por 30 días en casa, sin goce salarial, por autorizar el pago de deuda interna sin contenido presupuestario. Una consecuencia del denominado multimillonario hueco presupuestario heredado por el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Dos meses después de su salida, cuenta que sus horas son larguísimas y debió enfrentar un “aterrizaje forzoso”, que ni ella misma se esperaba.
La implementación
El 2018 fue un año in extremis para la Ministra de Hacienda. El país evadió caer en un default (cesación de pagos) y se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Precisamente, la implementación de la reforma fiscal acaparó, durante este año, la mayor parte del tiempo de Rocío Aguilar. A ella y su equipo le correspondió, lidiar con la normativa desde el minutos uno pues, una vez firmada por Carlos Alvarado, empezó a regir el periodo de tres meses de la amnistía tributaria, la cual dejó ¢224.330 millones a las arcas del Gobierno.
Aguilar recuerda que la aprobación de la reforma fiscal fue un proceso, con varios intentos fallidos, que el país tardó 16 años. Pero su implementación debió hacerse en un plazo de seis meses, debido a la urgencia de recursos frescos.
El reto tributario más relevante era implementar el impuesto sobre el valor agregado (IVA). La fecha era clara, todo debía estar listo el 1. ° de julio.
“Hubo un cúmulo importante de resoluciones y reglamentos que se pusieron a disposición como borradores para recibir retroalimentación. Concluir exitosamente esta etapa fue un tema de mérito de los funcionarios del Ministerio de Hacienda”, resalta la exfuncionaria.
Los resultados fueron inmediatos. De 70.000 declaraciones mensuales del anterior impuesto de ventas, se pasó a más de 300.000 con el IVA. Además, la recaudación, acumulada hasta octubre, con el nuevo tributo se elevó hasta ¢767.500 millones, es decir 20% más comparado con el mismo periodo del 2018.
Las confrontaciones
Los enfrentamientos de Aguilar con jeracas de instituciones públicas, líderes sindicales, entes autónomos y otros poderes de la República llegó con el cumplimiento de la regla fiscal y los cambios en remuneraciones de los empleados del sector público.
La ley estableció modificar el cálculo de los pluses salariales, para estimarlos de forma nominal en vez de porcentual, y modificar los sistemas informáticos de pago de las entidades estatales.
Sin embargo, no todas las instituciones se alinearon. Hubo oposición en el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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En el caso de la regla fiscal, el peso al límite del crecimiento presupuestario se sintió cuando Hacienda comenzó girar órdenes indicado a cada institución su techo en la previsión de gastos del 2020.
“Nuestra responsabilidad era devolverle al ciudadano la confianza de que, una decisión de este calibre iba a ponerse en práctica. Además había una obligación de decirle, a los mercados internacionales, que vamos a cumplir con la implementación de la reforma fiscal”, enfatiza la exministra.
Aguilar resalta que tanto la Contraloría, como la Procuraduría General de la República hicieron cumplir la ley.
“No era ni Hacienda, ni la Ministra peleando sola. Fueron días complejos, pero fue satisfactorio ver que la institucionalidad costarricense dio respuesta. En el caso de la Caja, la Contraloría emitió una orden y se puso a derecho. También la Contraloría no podría aprobar un presupuesto que incumple con la regla fiscal y la ley”, resalta.
El otro aspecto clave para las finanzas públicas, dirigido por Aguilar, fue el proceso de Costa Rica para volver a captar recursos en los mercados internacionales, una vez que la Asamblea Legislativa aprobó los $1.500 millones en eurobonos.
Ella fue la vocera de prácticamente todo el proceso, solo no estuvo presente en la colocación, pues ocurrió días después de su salida Hacienda.
La salida
La institucionalidad que sirvió para obligar a instituciones públicas a cumplir la reforma fiscal, fue la misma que llevó a la exfuncionaria a dejar su cargo.
La notificación de la Contraloría, donde recomendó su suspensión, le generó “malestar y tristeza”.
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Enfatiza que todo se pudo evitar, si la Contraloría hubiera hecho bien su tarea con el dictamen del Presupuesto Nacional del 2018, y alertado de que no se contaba con la autorización para el pago de ¢600.000 millones en vencimientos de deuda interna.
“Lo hice (renunciar) con mucho dolor. Evidentemente, era un área que en lo personal y profesional me gustaba, era un reto importante. Pero también con una gran dosis de paz, porque me parece que, en un periodo relativamente corto, se logró la reforma”, cuenta.
Y añade: “Fueron días complicados para mí, fue un aterrizaje forzoso (risas), no fue sencillo. Venía acostumbrada a largas jornadas. Lo primero que me sorprendió fue lo que duran las horas. Son larguísimas (risas), antes mis horas eran más cortas. Pero, diay así es. Así terminó la historia, no esperaba que ese fuera el final”, reconoce Aguilar.