Las tensiones por el límite norte

Entre los acontecimientos que provocaron airados reclamos del Gobierno de Laura Chinchilla está el ofrecimiento que hizo Nicaragua de concesiones para explotación y exploración petrolera en bloques marítimos que Costa Rica reclama como suyos.

El anuncio publicado en Internet obligó a la Cancillería, en julio, a redactar una nota de “enérgica protesta” que fue dejada en la puerta de la Embajada nica en San José.

Además, advirtió a empresas eventualmente interesadas de que no se reconocerían derechos, pues existen 18 bloques en el Pacífico y 55 en el Caribe que penetran en territorio tico.

La molestia del canciller Enrique Castillo es que Nicaragua omite en su oferta que a la fecha no están definidos los límites marítimos con Costa Rica.

Aún no se terminaban de aplacar los ánimos en San José cuando el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sorprendió el 13 de agosto al manifestar que su gobierno podría reconsiderar el reclamo de Guanacaste.

Ortega expresó que existen fundamentos históricos para el reclamo y eso le permitiría a Nicaragua recuperar un importante territorio.

En respuesta, a la semana siguiente se organizó en Guanacaste una marcha en la que participaron, no sin escaparse de críticas, la presidenta de la República, el vicepresidente Luis Liberman, el jerarca legislativo, Luis Fernando Mendoza, diputados, alcaldes de la provincia, estudiantes y ciudadanos.

“Que nadie se equivoque. Guanacaste somos todos, todos somos Guanacaste y nunca nos dividirán”, afirmó Chinchilla en su discurso.

Para el noveno mes del año, otro capítulo se escribe en la historia de diferencias vecinales. Costa Rica denunció que el gobierno nica volvió a invadir Calero y abrió dos caños que le daban al río San Juan salida al mar.

El país pidió más rigor contra el vecino ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) pues aquel acto representó una violación a las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se dirime el conflicto.

De nuevo, Costa Rica elevó su voz a la Corte, con sede en La Haya, Holanda, para que le recordaran a Nicaragua las restricciones y la obligaran a reparar los daños causados en Calero.

El año agoniza con un dejo de satisfacción para el gobierno tico, una pequeña compensación a los $3 millones gastados ya en la lucha.

Primero, la Corte acogió en noviembre la petición de obligar a Nicaragua a detener el dragado y reparar el daño.

Unas semanas después, la Corte volvió a fallar en favor de Costa Rica, pues rechazó la petición del gobierno de Ortega de ordenar a Costa Rica detener la trocha fronteriza, que recorre por el complicado límite norte.