Diputados piden explicaciones a Olimpiadas Especiales y a Icoder sobre manejo de fondos

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Mario Redondo, pedirá explicaciones a la Asociación Olimpiadas Especiales sobre las anomalías que revela un informe elaborado por el Icoder con relación a la liquidación del 2014 y que publicó La Nación el pasado sábado.

En el artículo se explica que Olimpiadas Especiales utilizó una parte de los fondos girados por Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) para contratar servicios brindados por empresas de los propios directivos o de familiares del presidente Carlos Valverde, sin cumplir con el procedimiento establecido.

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Adicionalmente, se da cuenta del reporte de gastos por más de ¢300 millones sin facturas de respaldo, no reflejados en los estados de cuenta o en las conciliaciones bancarias.

Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, también enviará una carta al Instituto Costarricense del Deporte y Recreación y a la ministra de Deportes, Carolina Mauri, para pedir en detalle los métodos de fiscalización que está utilizando este órgano, pues según el diputado, han existido pocos controles para garantizar el buen uso de los recursos.

"Yo lo leí (el reportaje) y lo que uno siente es una gran preocupación por cómo se desperdicia el dinero. Evidencia una urgencia para que el Icoder y la ministra del deporte (Carolina Mauri) establezcan mayores controles en el manejo de los fondos, que al fin de cuentas son de interés público. Leyendo lo que dice la Asociación con respecto a la ley, me parece que hubo una mala comprensión por parte de ellos", recalcó Redondo.

En primera instancia, Redondo espera recibir una explicación por escrito de ambas instituciones (Olimpiadas y el Icoder) y después se evaluará si es necesario llamarlos a comparecer ante esta comisión.

Según la reforma a la ley de Olimpiadas Especiales del 13 de octubre del 2009, se le otorga cada año el 0,20% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fodesaf, equivalente a ¢987 millones solo en el 2014.

El principal argumento del jerarca de la Asociación, Carlos Valverde, es que pueden ejecutar los gastos a su discreción, dado que los fondos públicos se convierten en privados al ingresar a las cuentas de Olimpiadas. En su criterio, solo deben garantizar que serán utilizados en beneficio de los deportistas.

Del mismo modo, el gerente Carlos Arce resaltó que "no se han robado nada" y que a todo el dinero recibido se le dio un uso correcto, de acuerdo a lo que según ellos, les manifestó la Contraloría General de la República.

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Mientras, el diputado oficialista Ottón Solís aseguró que, de ser cierto, se produjo un conflicto de intereses.

"Aunque se conviertan en fondos privados, deben manejarse con los principios que rige la autorización de los fondos públicos. El argumento de ellos (Asociación Olimpiadas Especiales) es penoso. Utilizar el poder para beneficiar a parientes no es decente", dijo Solís.

Solís coincidió con Redondo en que la fiscalización del Icoder debe ser más intensa.

De igual manera, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Vásquez, mostró su indignación por el manejo que se le da a estos fondos y resaltó que "es una barbaridad. Esto parece una película de susto. Yo pensé que estas cosas ya no se daban en Costa Rica. De confirmarse, esto hay que pasarlo directamente al Ministerio Público".

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Auditoría. La ministra del deporte, Carolina Mauri, afirma que están a la espera del resultado de la auditoría para valorar las medidas a seguir.

No obstante, insiste en que los recursos se dejaron de girar desde el momento en que conocieron el informe que realizó el departamento financiero del Icoder.

"Estamos esperando el informe de auditoría para proceder con las acciones correspondientes", agregó Mauri.