23 noviembre, 2011
 Castillo se declaró culpable en esta corte de Virginia, el estado donde se hallan detenidos él y Vargas. | ARCHIVO
Castillo se declaró culpable en esta corte de Virginia, el estado donde se hallan detenidos él y Vargas. | ARCHIVO

La empresa de Minor Vargas, Provident Capital Indemnity (PCI), utilizó información falsa para ganarse la confianza de sus clientes y que así compraran bonos de seguros de vida sin respaldo, según confesó Jorge Luis Castillo, exauditor externo de la compañía y coimputado en la causa penal que se tramita en Estados Unidos.

Castillo firmó un documento de 13 páginas que detalla el esquema con el que supuestamente Vargas y PCI cometieron fraudes que les generaron $50 millones.

El lunes, el exauditor se declaró culpable de los 10 delitos que se siguen en su contra, a cambio de la reducción de su pena y la cooperación con la justicia estadounidense en el caso contra Minor Vargas.

En primera instancia, el auditor respalda la explicación de la Fiscalía, de que tanto él como Vargas y “otros conspiradores”, idearon un esquema para estafar y obtener dinero mediante promesas falsas.

Con este propósito, los imputados elaboraron material tergiversado, para así inducir a clientes potenciales a comprar bonos de seguros “garantizados”, según la confesión, a la cual tuvo acceso La Nación en una base de datos del Departamento de Justicia de EE. UU.

El negocio de PCI consistía en emitir bonos sobre seguros de vida. La empresa buscaba clientes interesados en comprar una participación de un seguro, a un precio menor del que cubre la póliza.

De esta forma, cuando el dueño original falleciera, los inversionistas podrían reclamar el seguro y ganarse un porcentaje.

PCI servía como gancho de la inversión, pues en caso de que la persona no falleciera en el plazo previsto o la ganancia no fuera la esperada, la empresa se encargaría de pagar los bonos con sus intereses.

La compañía de Vargas aseguraba, además, poseer el respaldo de reconocidas firmas reaseguradoras, lo que fortalecía aún más la supuesta solidez de la inversión.

Castillo confesó que tanto él como Vargas y el resto de los “conspiradores” sabían bien que PCI nunca firmó ningún contrato con ninguna de esas reaseguradoras, tal y como publicitaba.

Como resultado del fraude, la compañía logró respaldar bonos por $670 millones, con ganancia de unos $50 millones para PCI.

Falsas auditorías. Castillo aceptó, además, haber falsificado las auditorías financieras de PCI que en su momento presentó como ciertas y en las cuales se basó la empresa calificadora de riesgo Dun & Bradstreet (D & B) para otorgarle a la aseguradora su mejor calificación.

Además, reconoció haber cometido todo esto con conocimiento y voluntad, no por error.