Fanny Tayver Marín. 17 julio
Los presidentes de los clubes están muy preocupados con las sanciones para los organizadores que señala el proyecto de Ley contra la violencia y el racismo en el deporte. Fotografía: Unafut
Los presidentes de los clubes están muy preocupados con las sanciones para los organizadores que señala el proyecto de Ley contra la violencia y el racismo en el deporte. Fotografía: Unafut

El proyecto de Ley contra la violencia y el racismo en el deporte que fue aprobado el martes pasado en segundo debate por 44 diputados, tiene muy preocupado al Consejo Director de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) y a todos los equipos.

No es que estén en contra del espíritu de esa ley, porque en realidad es algo en lo que trabajan desde hace tiempo según lo que dicta la FIFA.

La disconformidad es con unas cuantas normas que establecen penas muy fuertes para los organizadores de los eventos, en este caso los equipos casa, cuando se presente algún acto de violencia o racismo en las gradas.

Según el proyecto, a los equipos cuyos aficionados incurran en actos de racismo y violencia, dentro y fuera de sus recintos, se les impondrán sanciones administrativas y económicas, principalmente.

En tanto, se les prohibirá ingresar a eventos deportivos durante cuatro años a quienes emitan insultos racistas o promuevan la violencia, tres horas antes y tres horas después de un evento deportivo.

Si la agrupación o su dirigencia no acata lo dispuesto en la ley contra el racismo y la violencia, también se expondrá a la clausura del estadio o recinto deportivo, sea por cinco jornadas o una suspensión por la temporada completa.

Además, la dirigencia tendrá que pagar una multa de hasta 10 salarios base (¢4,5 millones) si permiten este tipo de acciones o insultos.

Cuando un deportista, árbitro o juez deportivo cometa algún acto violento o racista, la ley señala que se sancione por cuatro años o que se le retire de forma definitiva la licencia deportiva. El retiro permanente se dará cuando la persona sea reincidente.

Si los actos de racismo o conductas violentas causan lesiones a otras personas en el deporte profesional la multa será de ¢9 millones para agrupaciones, árbitros o administradores.

La nueva legislación ordena que los equipos eliminen, dentro de los estadios o recintos deportivos en general, las zonas exclusivas para las barras y exige que se pueda garantizar asistencia médica a los asistentes a esos lugares.

El plan establece requisitos para los dueños de estadios o gestores de eventos deportivos, pues se les exige tener un certificado de seguridad en materia de infraestructura y seguridad, señalización de accesos y salidas de emergencia.

La molestia. El presidente de la Unafut, Julián Solano explicó que el fútbol nacional ha hecho un gran esfuerzo por erradicar la violencia y la discriminación en los estadios con campañas educativas, activaciones en estadios y que todos los partidos comienzan obligatoriamente con un mensaje a los aficionados de que se reprochan los actos de violencia y discriminación.

“Tal vez nosotros hemos sido de las primeras ligas a nivel mundial en aplicar los protocolos de FIFA, sobre violencia en los estadios y discriminación. Así que nadie nos tiene que decir que no estamos casados, que nuestra política no ha sido coherente con el tema de erradicación de la violencia y discriminación en el fútbol; eso no está en discusión. Lo que nos parece muy peligroso son algunas normas”, mencionó Solano en el programa Unafut Radio.

Indicó que lo lógico es que todo el peso de la Ley caiga sobre los agresores, sobre esos energúmenos que llegan a gritar a los estadios frases racistas o discriminación, o que provocan y ejecutan actos de violencia.

Saprissa vetó a la Ultra después del clásico de febrero, cuando los mismos integrantes de esa barra se agarraron a golpes entre ellos. Fotografía: Rafael Pacheco
Saprissa vetó a la Ultra después del clásico de febrero, cuando los mismos integrantes de esa barra se agarraron a golpes entre ellos. Fotografía: Rafael Pacheco

“A esos entre comillas aficionados no los queremos en los estadios. Queremos en los estadios a la inmensa mayoría de los aficionados que llegan con sus familias, que apoyan a sus equipos, que gritan vítores, a desestresarse, pero sin actos de violencia, de racismo, ni de discriminación”.

Donde el fútbol pega el grito al cielo es ante enunciados que a criterio de los dirigentes no tienen lógica.

“El proyecto no agrava las sanciones contra los agresores, lo que hace es agravar la situación de los clubes. Lo que nos preocupa no son los actos donde se logre demostrar que un dirigente o un jugador, o un socio de un equipo incurre en actos de violencia o discriminación que se impongan multas, eso no es lo peligroso”, citó Solano.

Dijo que el gran problema está en la norma que dice que a aquel organizador del evento, que falte al deber de cuidado en evitar esas conductas, tendrá una sanción.

“Vea lo peligroso que es, imagínese incluso que un aficionado no del equipo casa, sino del otro, pueda incluso hasta esconder una manta en una parte en la que no haya posibilidad de requisar a las personas, que con astucia la metan y que el club no haya tenido la posibilidad de evitar eso, pero alguien del Ministerio de Seguridad Pública diga que sí y que fue un descuido, entonces ya por eso le meten cinco jornadas o la expulsión de toda una temporada. En eso no podemos estar de acuerdo, es desproporcionado”, explicó.

Vicios. Según Solano, ese proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad, porque no establece las reglas, sino que habla de un debido proceso conforme a la Ley de la Administración Pública.

“Quién va a ser esta persona, no nos garantiza. Nosotros hubiéramos preferido que fuera un ente un poco más objetivo, pero que una persona decida si un club fue descuidado o no, es muy subjetivo. Además, los planes de seguridad ahora van a ser financiados por los propios clubes; el Estado, no. Dice que tiene que crearse una tasa que no la pone la ley, es como un impuesto; debía decir un impuesto de tanto por ciento.En el reglamento no sabemos qué van a poner”.

Solano argumenta que en 2017 la Unafut cuestionó que por qué todo esto solo se aplicaba en el deporte y no en otros espectáculos públicos, como conciertos o corridas de toros.

“Por qué sólo al deporte se le prohíbe la publicidad de licores, por qué al deporte se le prohíben las apuestas o pronósticos deportivos, por qué sólo al deporte ahora se le ponen sanciones más duras. Eso es lo que nosotros consideramos discriminatorio”.

El jerarca de la Unafut reiteró que el fútbol está de acuerdo en que si un agresor hace un acto de violencia, o de discriminación de cualquier tipo, se le impongan multas grandes, porque está atentando contra la dignidad de otra persona.

“Nosotros no aceptamos la agresión, no aceptamos la violencia, no aceptamos la discriminación, no aceptamos la intolerancia, pero tampoco vamos a aceptar que todo se recargue sobre los clubes de Primera División de una forma incierta y la posibilidad de 20 salarios base”.

Solano afirma que eso lo hubiese querido discutir en una audiencia, pero después de que ellos se opusieron en 2017 por escrito, la cita para la comparecencia nunca llegó.

Destacó que si se presenta un problema de esos y se demuestra que el club fue cómplice, o que tuvo la culpa de lo sucedido, se imponen los castigos pertinentes que recomienda la FIFA en su normativa.

“A como queda en la ley es muy incierto y como Unafut tenemos la obligación de proteger a los clubes, porque no queremos que en vez de castigar a los agresores, haya una cacería de brujas contra algunos clubes y esto es muy peligroso, porque yo no sé quién va a ser el investigador, si va a ser una persona objetiva, o si va a ser un fanático que tenga una herramienta contra un club. Todo eso es lo que tenemos que prever”.

Solano considera que si alguien humilla y atenta contra la dignidad de otra persona, a través de un acto racista, eso debería ser un delito, pero eso no está en la ley, en la que ni siquiera se le puso multa a los agresores.

“Lo único importante que tiene es un proyecto de identificación de los agresores, pero el problema no es eso, porque eso está en la ley vigente. Hace cuatro años el Ministerio de Seguridad no va a los estadios a aplicar la ley de prevención de la violencia en los deportes por falta de presupuesto, no va”, señaló.

Más problemas. Hoy lo inquieta que si antes de la pandemia los clubes ya tenían problemas económicos, con las pérdidas por la emergencia sanitaria se verán más debilitados “y estoy hablando de los clubes de menos recursos económicos”.

“Son sujetos a que si no pagan el plan de prevención, que si no se los aprueban, entonces no sé qué va a pasar. Si se les pone una multa de entre ¢4 y 8 millones, porque alguien gritó en sus estadios, no sé qué va a pasar. Todo eso lo hemos querido discutir, pero repito, no hubo una audiencia”.

De momento, la Unafut gestiona ante el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y del Ministerio de Deportes que intercedan para que el poder Ejecutivo vete ese proyecto y lo regrese a la Asamblea Legislativa para que se arreglen algunos artículos.

“Aún no hay ley, porque falta el ejecútese. Vamos a hacer los últimos intentos para hacer comprender al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Seguridad Pública y al presidente de la República que no es que estamos contra la ley, si nosotros hemos promovido este tipo de leyes. El problema son estas normas”.

En caso de que el Ejecutivo avale el proyecto y lo convierta en Ley de la República, la Unafut presentaría una acción de inconstitucionalidad contra los artículos que considera que sí son discriminatorios.

* Colaboró el periodista Aarón Sequeira.