La Fiscalía de Nueva York hace todo lo posible para evitar que Eduardo Li salga de la cárcel bajo fianza, pero en caso de que un juez le otorgue el beneficio, pide que le triplique el monto ofrecido por el tico ante el peligro de fuga.
Li, mediante su abogado en Estados Unidos Samuel Rosenthal, ofrece $5 millones a cambio de salir del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn e instalarse en un apartamento en la ciudad de Nueva York. De esa cantidad de dinero, propone pagar $300.000 en efectivo (¢163,5 millones) y poner a responder bienes familiares por los restantes $4,7 millones (¢2.557 millones), incluyendo una casa en Florida y otras propiedades en Costa Rica.
Sin embargo, en el escrito firmado por el fiscal Robert Capers, del que La Nación tiene copia, se recomienda que la fianza sea de entre $10 millones (¢5.444 millones) y $15 millones (¢8.160 millones), de los cuales, entre $5 millones (¢2.720 millones) y $7,5 millones (¢4.080 millones) deben ser pagados en efectivo y que para el resto se pongan a responder propiedades, pero que estén en Estados Unidos y no en Costa Rica.
Como justificación, Capers insiste en que hay peligro de fuga debido al patrimonio personal y familiar que tiene Li, que según el funcionario estadounidense ronda los $9 millones (¢4.896 millones) producto de "una cantidad importante de bienes inmuebles y varios negocios".
Además, a Capers le inquieta que Li logre evadir los controles y regrese a Costa Rica, pues en ese caso no afrontaría la acusación por corrupción ya que nuestro país no extradita a sus ciudadanos.
Otro punto es que la Fiscalía se opone a que los fiadores de Li sean su esposa y sus dos hijos, pues ninguno reside en Estados Unidos. Ante esto, le pide al juez Robert Levy que exija la firma de cuatro personas que se hagan responsables de pagar en caso de que Li se fugue, pero que sean residentes en ese país de Norteamérica y que tengan probada solvencia económica.
Levy será quien decida este miércoles si le otorga el beneficio al costarricense, en una audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York a las 8:30 a. m. hora tica.
"Si el demandando no puede cumplir con estas condiciones, debe ser sometido a prisión preventiva", reseñó el fiscal.
Según Capers, la evidencia en contra del expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol es fuerte, pues "incluye testimonios de testigos, registros bancarios y contratos que muestran un flujo de fondos de las empresas de mercadeo deportivo y consultoría, a menudo mediante transacciones falsas con entidades ficticias de terceros utilizados para ocultar y disfrazar los pagos de sobornos".
Agrega en la nota que algunas cuentas bancarias están a nombre de Li.
Los cargos contra el costarricense son por conspiración de crimen organizado en primer grado, dos por conspiración de fraude electrónico, otros dos por conspiración de lavado de dinero y también dos por lavado de dinero.
La acusación alega que entre 2009 y mayo del año 2015, cuando fue detenido en Suiza, Li conspiró para aceptar y recibir más de $700.000 en sobornos a cambio de la adjudicación de derechos de comercialización de diferentes partidos de la Selección Nacional con la empresa Traffic Sport.