Los asambleístas de la Federación Costarricense Fútbol (Fedefútbol) eligieron la tarde de este viernes, en su Asamblea General Ordinaria, a los nuevos encargados de tomar los puestos de fiscal titular y fiscal financiero del ente federativo por los próximos dos años.
Según conoce La Nación, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, cuya candidatura fue propuesta por Sporting, ocupará el cargo de fiscal titular y Randall Porras tendrá el puesto de la fiscalía financiera de la federación, tras la votación realizada esta tarde en la sesión general de la Fedefútbol.
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Benavidez, reconocido por su trayectoria política en el país, obtuvo 28 de los 32 votos posibles, los cuales están distribuidos de la siguiente forma: Unafut (12), Liga de Ascenso (7), Linafa (6), lLiga femenina (3), futból sala (2) y fútbol playa (2). Los equipos de la Primera División son los únicos que no votan en bloque.
En tanto, Porras recibió 29 votos a favor de los 32 posibles. La Nación conoce que los representantes del Herediano y Guadalupe decidieron no votar, mientras que el Santos de Guápiles no se presentó a la Asamblea General del ente federativo.
En esta ocasión, la elección fue solamente para ratificar a los postulantes, ya que los otros aspirantes que buscaban reelegirse se retiraron de la contienda. William Sequeira Solís, cuya candidatura la promovía Herediano, renunció al puesto en horas de la mañana y decidió no revalidar su continuidad en la fiscalía titular, tras más de una década en el cargo.
Sequeira llegó a la fiscalía titular en el 2011, con Eduardo Li como presidente, sin mostrar desde entonces un rol de peso en una Federación que ha enfrentado diversos cuestionamientos. Después de la detención de Li, en el 2015, varios federativos, sobre todo Rodolfo Villalobos, cuestionaron, mea culpa incluida, una forma de gobierno presidencialista, absolutista y ajena a rendir cuentas, aparentemente sin suficiente fiscalización.
Carlos Ricardo Benavides fue elegido esta tarde como fiscal titular de la Fedefútbol. (Mayela Lopez C)
Por otra parte, este medio dio a conocer, la tarde del jueves, que Guillermo Salazar, actual fiscal financiero, renunció al cargo, en el cual estuvo por un período de dos años, y retiró su postulación. Los ganadores se declaraban por mayoría simple, por lo que los candidatos necesitaban un mínimo de 17 votos para ratificar su elección.
Benavides tiene amplia experiencia en el campo político, pues fue ministro de Turismo en la administración Arias Sánchez (2006-2010), luego se mantuvo en esa cartera con la expresidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) hasta el 2011 y posteriormente fue nombrado como ministro de la Presidencia entre el 2011 y el 2014. En el 2011 también fue ministro a.i. de Deportes.
Como diputado de la República estuvo en dos períodos, en el año 2002-2006 y entre el 2018 y el 2022. Además, fue presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (WTO) entre el 2008 y el 2010. Mientras que Porras Sibaja, tiene una larga carrera como auditor en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y también integró, hace unos años, comisiones en la Fedefútbol y en Liga Deportiva Alajuelense.
El papel del fiscal
Estos cargos son de suma importancia para el fútbol nacional, pues son los ‘ojos vigilantes’ de los asambleístas de las seis ligas que conforman el balompié costarricense. Su principal deber es corroborar que se cumplan los estatutos de la Federación Costarricense de Fútbol.
En el artículo 55 de esa normativa, se indica que la fiscalía es el órgano que vela por el cumplimiento de los estatutos, bajo la idea de que el Fiscal Titular debe ser abogado y el Fiscal Adjunto deberá ser contador. Su período de nombramiento es de dos años, con posibilidad de reelegirse.
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Entre otras funciones, debe asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo, convocar a Asamblea General Extraordinaria cuando lo considere necesario, así como levantar la información que corresponda sobre las quejas que se formulen contra la federación.
Aunado a esto, tendrá que refrendar el informe anual del tesorero antes de ser presentado a la Asamblea General. Además, debe mantener la imparcialidad y no tener intereses directos con la junta directiva o Comité Ejecutivo que puedan poner en entredicho la labor investigativa propia de su función.