6 marzo, 2002

Ahora que estamos a punto de elegir presidente de la República podría resultar interesante aclarar lo que se entiende por "primer mandatario", título que con frecuencia se le aplica al jefe del Estado, porque algunos ciudadanos podrían confundirse con el del funcionario público que tiene más poder. Para aquellos que manejen algunas nociones de Derecho o Ciencia Política es claro que mandatario, en un contrato civil, es el que representa al mandante y actúa de acuerdo con las instrucciones recibidas; y en una república democrática el primer mandatario es el encargado de ejecutar las leyes y demás disposiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa, que recibe su poder del pueblo.

Dentro de una sana convivencia democrática quienes llegan al poder –municipal, legislativo o ejecutivo– han de saber que, al aceptar sus cargos, la tarea principal que tienen es la de servir a los demás ciudadanos, tomados en conjunto como comunidad política. En otras palabras, los funcionarios públicos no son ni más ni menos que servidores del pueblo, y no, como suele ocurrir en la práctica, que el pueblo está al servicio y beneficio de los políticos. Aceptar esto último, o cerrar los ojos frente al abuso de poder de los elegidos, constituye la primera semilla de la temida corrupción política.

Espíritu de la ley. Montesquieu, eminente pensador político del siglo XVIII, en su obra El espíritu de las leyes , nos ha dejado estas sabias reflexiones: "Los políticos griegos, que vivieron bajo el gobierno popular, reconocían la virtud política como única fuerza para mantenerlo... por eso antaño los bienes particulares constituían el tesoro público en tanto que hoy el tesoro público se ha convertido en patrimonio particular y la república es tan solo un despojo, porque su fuerza queda reducida al poder de unos cuantos ciudadanos...".

Para que la vida política vaya por buena senda, los aires de renovación electoral, que tan fuertemente han corrido en estos días, deberían ocuparse de dos tareas señaladas por el voto de los ciudadanos: la lucha franca y decidida contra la corrupción y el mejoramiento económico de los sectores más débiles de la sociedad, muy en particular los trabajadores del campo. Partiendo de las propuestas del PAC –tan apetecidas en este momento por sus adversarios y recordando los orígenes políticos de don Abel Pacheco– es posible imaginar un escenario en el que se produzcan legítimos acuerdos en la Asamblea Legislativa para fortalecer la lucha contra la corrupción. En este tema tanto don Abel como don Ottón han sido tajantes en la necesidad de acabar con el festín que por años se han dado los diputados con el presupuesto público y en la necesidad de aumentar los recursos públicos con ayuda del patrimonio de los particulares, mediante el eficiente cobro de los impuestos ya existentes.

Adecuar legado. La otra tarea a realizar tiene que ver con la curiosa circunstancia de que el Dr. Calderón Guardia no ha tenido un continuador dentro de su propio partido en su admirable reforma social aprobada en los años 1940-44. Por eso ya es hora de que algún calderonista, aunque no sea de su sangre, se sienta heredero político de ese precioso legado de bienestar social y lo adecue a las circunstancias de nuestro tiempo. Tanto el Seguro Social, como el Código de Trabajo, o la construcción de "casas baratas", como se decía en los años cuarentas, son tareas que inició el Dr. Calderón Guardia y que, por dicha, mantuvo y desarrolló Liberación Nacional; pero hoy se muestran incompletas, necesitan nuevo impulso para lograr su mejor funcionamiento, modernizar sus disposiciones legales y cubrir el gran faltante que hay en vivienda.

La Asamblea Legislativa es la piedra angular sobre la que descansa nuestra democracia y, por eso, debe, cuanto antes, recuperar su dignidad y el respeto de los ciudadanos. Y la mejor forma de lograrlo es ocuparse en resolver los problemas o inquietudes más urgentes, como los antes citados, y no perder el tiempo discutiendo asuntos baratos que son pura politiquería.