El régimen de zonas francas ha sido percibido desde sus inicios, por los proteccionistas, como un peligro que acecha al país y perjudica su desarrollo de forma lenta pero continua. La interpretación no puede estar más alejada de la realidad.
De acuerdo con los más recientes datos divulgados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), existen evidencias de que el régimen es socialmente rentable. Por cada $1 de incentivo que reciben las zonas francas retribuyen al país, aproximadamente, $6,2. Si está muy claro que no es un problema de rentabilidad, ¿será entonces que el peligro de esta inversión extranjera radica en los empleos generados?
Se calcula que más de 125.000 costarricenses tiene trabajo en empresas en zonas francas. De igual forma, se estima que el salario promedio en este régimen creció a tasas superiores al 5 %. Esos montos sobrepasan el salario pagado en la actividad privada en el resto del país. Considerando lo anterior, los empleos que generan las empresas en zonas francas son, más bien, un evidente índice de desarrollo y crecimiento para Costa Rica.
Otro dato importante que considerar es que las exportaciones de las compañías en zonas francas crecieron en un 17 % entre el 2016 y el 2017; mientras que en el régimen definitivo las exportaciones solamente se incrementaron en un 1 %.
Pérdidas. La verdadera pregunta que los costarricenses debemos hacer es: ¿Cuál beneficio obtiene el país al poner en practica medidas proteccionistas, desincentivar la inversión extranjera y, peor aún, reducir las importaciones? La respuesta es simple: no hay beneficio, solo desgaste de los socios comerciales claves del país y perder oportunidades de crecimiento y especialización.
El mundo avanza rápido y Costa Rica no debe quedarse rezagada. Nuestro país se ha caracterizado siempre por ser un sitio estratégico de inversión extranjera, la calificación de nuestra mano de obra es uno de los factores fundamentales que toman en cuenta los inversionistas, a pesar de que no somos un país tan barato como sí lo son algunos de nuestros vecinos; también lo es la ubicación estratégica de Costa Rica. Las empresas beneficiarias del régimen son entidades dedicadas a la exportación de servicios, manufactura y ciencias de la vida, por lo cual la nación ha tenido un gran desarrollo en estos mercados a escala global.
Limitar los beneficios al régimen de zonas francas, considerando las estadísticas previamente expuestas, significa un desincentivo directo a la inversión extranjera, detener el crecimiento de las importaciones que se disparan actualmente a nivel exponencial, un detrimento al empleo de miles de costarricenses que trabajan para esas empresas y, también, inseguridad para las compañías que ya son beneficiarias del régimen. Finalmente, pero no menos importante, conlleva, ineludiblemente, que el país se dirija en dirección opuesta al resto del mundo, el cual busca desarrollo, competitividad, alianzas comerciales y, sobre todo, estabilidad financiera.
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Costa Rica debe tener claro que el régimen de zonas francas no significa, ni ha significado nunca, un perjuicio, por el contrario, las empresas que forman parte de él generan crecimiento, empleo, desarrollo, innovación y sobre todo, ingresos para el país.
Las autoras son abogada asociada de BLP y expertas en zonas francas.