La obtención de un título universitario no es poca cosa, significa mucho sacrificio y muchas noches en vela para, finalmente, hacerse de un invaluable diploma. Pretender ostentar un título sin habérselo ganado va en contra de la moral y la ética, dos de los valores más preciados de la conducta humana, que tristemente hoy son moneda de poca circulación. La moneda que sí abunda son los profesionales o pseudoprofesionales que cuentan con su propio código de comportamiento y generan una cultura del “todo se vale”, por lo que el abuso de poder, el abuso de confianza, el conflicto de intereses, el nepotismo, los sobornos y los encubrimientos se convierten en el pan nuestro de cada día.
El caso de las tres viceministras sin título es lamentable. Una señora y dos muchachas se sienten merecedoras de un incentivo salarial por algo que no son y por algo que no tienen, y, como es costumbre, se cae en la tentación de justificar lo injustificable con excusas, eufemismos y el trivial argumento del “casi casi”.
Al ser sorprendidas en flagrante, lejos de mostrar una actitud humilde ante la evidencia de tan grave falta, se manifiestan desafiantes, prepotentes y altaneras. Como dicen en mi barrio: “tras de que deben, cobran”.
Faltan respuestas. De estos tres casos de sobresueldo surgen muchas interrogantes y se deben exigir muchas explicaciones, sobre todo ahora que la procuradora y la Contralora ya emitieron su criterio de que para compensar el pago de prohibición se necesita no solo que la persona presente su título de profesional sino que esté incorporada al colegio correspondiente.
Cabe preguntarse quién o quiénes, en los respectivos departamentos de recursos humanos, revisaron los atestados que presentaron las viceministras. Cómo se puede cometer un error de tanto bulto como lo es el no darse cuenta o pasar por alto que no se adjunten títulos universitarios y certificados de incorporación a los colegios profesionales.
Resulta una extraña coincidencia que se haya producido el mismo error con tres viceministras, por lo que surge una gran sospecha de si hubo una orden de una autoridad superior del Gobierno para que los funcionarios de recursos humanos se hicieran de la vista gorda. De comprobarse algo así, estaríamos ante un asunto sumamente serio.
Comisión. Para evitar las especulaciones, la Asamblea Legislativa debe montar una investigación y así señalar y sancionar a los responsables.
En la empresa privada aceptar un sobresueldo millonario durante años, a sabiendas de que es improcedente, no tiene perdón, lo que tiene son consecuencias que se pagan con el puesto, con el prestigio y con la pronta devolución del dinero.
Como el sector público es el reino del desorden y de la impunidad, pareciera que no es prioridad para las autoridades llegar al fondo del asunto. Prueba de ello es que las tres viceministras fueron premiadas por el presidente al mantenerlas campantes en sus puestos de trabajo, con la única condición de que devuelvan el dinero en paguitos de polaco y sin intereses.
Una de ellas, incluso, tomó vacaciones en medio del escándalo y otra renunció al viceministerio y fue nombrada en una junta directiva en donde por trabajar menos va a ganar más.
El ministro de la Presidencia intenta justificar todo este proceder con el trasnochado argumento de que en gobiernos anteriores también fueron detectados casos similares de pago de sobresueldos. Desde todo punto de vista, el manejo que se le ha dado a esta polémica es una alcahuetería y un pésimo precedente para con los trabajadores que son probos y honestos.
Los inquilinos de la casa de cristal, los del gobierno del cambio, los que prometieron atacar la corrupción, una vez más nos quedan debiendo.
El autor es odontólogo.